El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, otorgó a Fernández, de 72 años, el cumplimiento de la condena en su domicilio del barrio capitalino de Constitución, rodeado de simpatizantes de la expresidenta desde la semana pasada.

De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo este miércoles.

El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio "salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente".

También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la "convivencia pacífica" de sus habitantes.

En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.

El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.

El juez ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada.

Las leyes argentinas prevén la cárcel domiciliaria cuando, por ejemplo, la persona condenada es mayor de 70 años, un beneficio que la Justicia puede o no conceder. Fernández cumplió 72 años el pasado febrero.

En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

Fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El pasado 10 de junio, la Corte Suprema dejó firme ese fallo y la defensa de la exmandataria solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Al momento de formular ese pedido, además de señalar la edad de Fernández, su defensa también apuntó a su condición de exjefa de Estado y el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

La Fiscalía expresó en un escrito difundido este martes su rechazo al otorgamiento de la prisión domiciliaria al alegar que "no se advierten las razones humanitarias" que justificarían tal decisión.
(c) Agencia EFE
Tras la ratificación de su condena, el pasado 10 de junio, la defensa de Kirchner presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar su proscripción, y anunció que también planea acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Kirchner alega ser víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por "el poder económico concentrado", en particular el Grupo Clarín, principal conglomerado mediático del país.

Ha recibido el apoyo de varios líderes políticos, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, quienes también denunciaron ser perseguidos.

Cristina Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su departamento en Constitución
Cristina Kirchner cumplirá la condena en su departamento de Constitución. Afuera, cientos de simpatizantes se reúnen para apoyarla. [Reuters]
Cristina Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su departamento en Constitución
La líder del peronismo suele saludar a sus simpatizantes desde el balcón de su departamento. [Getty Images]
El caso
La expresidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la llamada "causa Vialidad", en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner.

Según la justicia, días antes de asumir como jefe de Estado, en 2003, Néstor Kirchner -quien falleció en 2010- y su esposa crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron casi el 80% de las obras viales que se realizaron en esa provincia durante los 12 años del kirchnerismo.

La empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios y solo dos obras fueron finalizadas a tiempo. La mitad nunca se terminaron, lo que significó una pérdida para el Estado de más de US$500 millones.

El encargado de Austral Construcciones, Lázaro Báez, un hombre sin experiencia en el rubro de la construcción y que ha sido acusado de ser un testaferro de los Kirchner, también fue condenado en la causa, al igual que siete exfuncionarios kirchneristas, quienes también comenzarán su pena este martes.

La defensa de la expresidenta sostiene que no hubo evidencias que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez, y que un Jefe de Estado no decide directamente sobre estas licitaciones, existiendo 12 instancias administrativas entre la presidencia y las obras en cuestión.

Por otra parte, señala que el presupuesto para las obras es ejecutado por el jefe de Gabinete, y sin embargo no se juzgó a ninguna de las personas que ocuparon este cargo durante el kirchnerismo, incluyendo a Alberto Fernández, quien luego sería elegido por la propia Kirchner para ser candidato a presidente, con ella como vice, en 2019.

En tanto, la exmandataria remarcó que el Parlamento aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto y que la justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.

BBC MUNDO

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