El Gobierno de la Provincia de Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria con fecha retroactiva desde el 1 de septiembre de 2024, hasta el 28 de febrero de 2025 en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal debido a los efectos adversos ocasionados por la sequía. Esta medida fue implementada a través del decreto provincial Nº 1936/24, el cual contempla alivios fiscales como prórrogas y condonaciones impositivas, y se espera la homologación a nivel nacional para acceder a otros beneficios. 
Ante esta medida, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó que “aunque la homologación nacional podría demorarse, los productores agropecuarios pueden comenzar a gestionar los beneficios provinciales a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea). Entre los principales paliativos se encuentran prórrogas y suspensiones impositivas. Además, la situación de los productores afectados será monitoreada continuamente, y se faculta al Ministerio de Desarrollo Productivo a declarar nuevas zonas en emergencia si las condiciones empeoran”.

Impacto de la sequía en el sector agropecuario

La sequía afectó gravemente tanto a la agricultura como a la ganadería en la región. Las praderas artificiales y pastizales naturales han experimentado pérdidas significativas, reduciendo la oferta forrajera y aumentando los costos de producción para los ganaderos. Además, la falta de agua en represas, esteros y bañados ha agravado la situación, comprometiendo la disponibilidad de agua para el ganado y empeorando su calidad.
En la agricultura, cultivos clave como el trigo se encuentran severamente afectados, con expectativas de rendimientos por debajo de la media histórica, incluso si se producen precipitaciones en los próximos días. Asimismo, el retraso en las lluvias ha generado complicaciones para la siembra óptima de cultivos estivales como maíz, girasol y algodón, lo que podría afectar aún más la producción a futuro.

Medidas para los productores

Mientras se gestiona la homologación nacional, el Gobierno provincial ya ha implementado una serie de medidas paliativas para los productores que obtengan el Certificado de Emergencia o Desastre Agropecuario, y a la vez se están diseñando acciones para atenuar los efectos de la sequía.
Para aquellos productores que obtengan el Certificado de Desastre Agropecuario, se establece la condonación de las cuotas 5° y 6° del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano de 2024, además de las cuotas de 2025 cuyos vencimientos se produzcan hasta el 28 de febrero del mismo año. En caso de que los productores ya hubieran abonado estas cuotas, la Administración Provincial de Impuestos emitirá certificados de crédito fiscal o procederá a la devolución correspondiente.
Adicionalmente, se ha dispuesto la suspensión de juicios y acciones administrativas por el cobro de impuestos durante un período de 180 días posteriores al período de emergencia agropecuaria, beneficiando así a los productores en situación de emergencia o desastre.
El proceso de solicitud para acceder a estos beneficios estará disponible a partir de la próxima semana en el portal web oficial de la Provincia.

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