El día después de los anuncios económicos del Gobierno, las principales cámaras empresarias del país expresaron su rechazo al pago de una suma fija para los trabajadores. La medida difundida por el ministro Sergio Massa dispuso un incremento de salarios no remunerativo, por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias, de 60.000 pesos pagaderos en dos cuotas mensuales para los empleados públicos y privados que perciban un ingreso de hasta $400.000 mensuales.

En medio de las repercusiones por las disposiciones del Ejecutivo para contener los efectos del salto devaluatorio del 22%, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó su "profunda preocupación" por el otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado. Según la entidad, "las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector".

A través de un comunicado, la CAC aclaró que "es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data". Y luego advirtió: "Buena parte e las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija".

Para la CAC, "la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso".

El rechazo a la suma fija dispuesta para los trabajadores por Massa fue compartido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance", consideró en un comunicado.

"La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente", completó la entidad conducida por Alfredo González.

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En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) calificó esta medida del Gobierno como una "decisión unilateral que distorsiona las negociaciones colectivas". Además, advirtió que la medida puede generar "diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas” y recordó que la industria nacional cuenta "con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios”.

“Generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas libremente por las partes en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas, económicas y negociales diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”, plantearon fuentes de la UIA citadas por TN. POR POPULAR Y REDACCIÓN

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