En una resolución dictada el jueves pero conocida hoy a través del sitio de la OEA, la CIDH advirtió que Álvarez está “incomunicado y sin que se cuente con información oficial sobre su situación, atención médica y medicamentos requeridos y condiciones de detención actuales, pese a padecer una serie de afectaciones de salud”.

Responsable de la Diócesis de Matagalpa y condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel, el religioso es el emblema de las pésimas relaciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia local.

En su resolución, la CIDH lamentó que el Ejecutivo no proporcionó información que permita determinar que “los factores de riesgo identificados” se hayan mitigado debidamente.

“El 25 de marzo de 2023, según información pública, se llevó a cabo una visita entre el beneficiario y sus familiares; sin embargo, no se obtuvo mayor información sobre la situación actual de Rolando José Álvarez Lagos tras dicha visita”, destacó la CIDH.

En fotografías y videos difundidos por el gobierno se ve a monseñor Álvarez durante una visita de sus familiares, con rostro pálido y una delgadez extrema.

La Comisión reclamó entonces al Ejecutivo que adopte “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” del obispo.

La CIDH también urgió al Estado a que asegure que “las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia”.

Entre esas medidas, pidió que “se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud; se asegure el acceso a los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos, y se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes”.

Álvarez fue condenado el 9 de febrero, después que se negara a abordar el avión en el que 222 dirigentes hasta entonces presos fueron desterrados hacia Estados Unidos.

La condena fue por traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas.

Antes de ser llevado al Sistema Penitenciario en Tipitapa, Álvarez estuvo detenido en casa de sus padres, en Managua, desde mediados de agosto.

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