Emergencia en seguridad: el ministro de Seguridad presentó los números a los legisladores santafesinos

Encabezada por el ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, una delegación de funcionarios provinciales presentó este martes en la Legislatura los números de ejecución de la ley de emergencia en seguridad. Se trata de una discusión no sólo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. El gobernador Omar Perotti pretende renovar la norma que agiliza los procedimientos administrativos de compras y licitaciones.

De acuerdo al informe que elaboró la cartera de Seguridad, de los 3.388.328.500 pesos se invirtió 3.370.627.745,88, el 99,47 por ciento del total.

De esos recursos, 81 por ciento fue asignado a la policía, 9 por ciento a los convenios con municipios y comunas para la compra de sistemas de videovigilancia, 5 por ciento al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), 4 por ciento al Servicio Penitenciario y el 1 por ciento restante al Instituto de Seguridad Pública (Isep).

En cuanto a rubros, el informe señala que el 89 por ciento fue asignado a la compra de bienes de uso, un 9 por ciento a la adquisición de sistemas de video vigilancia y un 2 por ciento entre reparaciones de móviles, refacciones edilicias y otros bienes de consumo.

“El encuentro fue muy positivo, los funcionarios despejaron dudas y se comprometieron a recabar elementos pendientes. Los legisladores reconocieron la precisión de la información y el buen clima”, dijo a La Capital el secretario de Gobierno de la provincia, Oscar Urruty, uno de los nexos principales entre la Casa Gris y la Legislatura.

Además de Rimoldi y Urruty, participaron el jefe de policía de la provincia, Miguel Oliva, y el secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Gustavo Bode.

A comienzos de enero, Bode reemplazó a Ana María Morel. En octubre, la contadora protagonizó un escandaloso encuentro con los Diputados, en el que le costó explicar el uso de los fondos estipulados por la ley de emergencia.

Todo bajo el silencio de Rimoldi, con quien protagonizó una áspera interna por el manejo de los recursos. Puertas adentro del gobierno se quejaban del rigor administrativo de Morel que retrasaba la gestión en el área más caliente.

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Del lado de los legisladores concurrieron los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de la ley de emergencia: los diputados Juan Cruz Cándido (UCR), Lionella Cattalini (PS), Ximena Sola (PRO) y los senadores Armando Traferri (PJ-Juan Domingo Perón) y el rosarino Miguel Rabbia, alineado con el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Además, participaron diputados de otras bancadas, como el massista Oscar Martínez, Julián Galdeano (UCR-Juntos por el Cambio), Betina Florito (Encuentro Republicano Federal-JxC), Walter Ghione (UNO-JxC), Ariel Bermúdez (Creo), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y Agustina Donnet (Igualdad).

“Fue una reunión mucho más tranquila que las anteriores, la ausencia de Morel mejora todo, pero estamos en un presente continuo. Siempre hablamos de los mismos temas, anuncios de anuncios que nunca se concretan”, dijo a este diario Cándido, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara baja.

Y agregó: “Desde 2020 anuncian los inhibidores que nunca llegan, ahora dicen que es en junio, y supeditado a que se instale la fibra óptica. Tampoco está establecido cómo se va a actuar en tiempo real en caso de que los escáneres detecten algún elemento indebido, como un celular”.

Además, la oposición señaló que el Tribunal de Cuentas de la provincia presentó siete objeciones a la aplicación de la emergencia en 2022. “No se pueden hacer transferencias directas de partidas especiales”, señaló Cándido.

Para Urruty, la Casa Gris actuó con una mirada más general. “Se trató de satisfacer las necesidades de las unidades regionales. El gobierno entendió que era necesario hacerlo, más allá de la mirada ortodoxa de algunos sectores políticos. Los fondos fueron adonde se los necesitaba”, argumentó.

Pero la rendición de cuentas de la ley vigente hasta el 31 de diciembre es solo un aspecto de la discusión entre el Ejecutivo y la Legislatura.

En enero, el gobernador Perotti envió a la Legislatura el pedido para extender la emergencia durante todo el 2023. El proyecto ingresó por el Senado, donde el peronismo tiene mayoría.

Urruty se mostró optimista respecto al trámite legislativo. “Hay un buen clima, hay planteos sobre algunas incorporaciones que vamos a analizar. Estamos trabajando y en los próximos días habrá una convocatoria del Ejecutivo”, indicó.

Cándido advirtió que “así como está la ley no sirve”. “No incluye ningún programa de acción y excluye al Ministerio Público de la Acusación, que estaba contemplado en la ley anterior. En su último año de gestión, el gobernador tendría que consensuar el texto, porque va a impactar en los próximos meses del próximo gobierno”, afirmó el legislador del bloque encabezado por Maximiliano Pullaro.

Según Cándido, se trata de una posición mayoritaria en la Cámara de Diputados. Allí dominan con holgura los bloques que forman el nuevo frente opositor.por redacción y la capital.

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