La Justicia profundiza la investigación sobre el rol que tuvo la cúpula de YPF durante el gobierno de Mauricio Macri para concretar el desapoderamiento de los activos de Oil Combustibles en el marco de la persecución al Grupo Indalo. En esa maniobra tuvo un accionar clave el abogado Marcelo Rufino, amigo y socio del operador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien hoy se mantiene prófugo de la justicia argentina.

Rufino participó de la gestión de YPF como un “inorgánico” pero hombre clave. Cuando Rodríguez Simón fue ungido como director de la petrolera estatal decidió nombrar como asesor legal externo a Rufino, quien percibió honorarios de u$s500 por hora, unas 5 veces más que el resto de sus colegas.

A pesar del abultado honorario que cobraba, como abogado del Estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, Rufino fracasó en Nueva York representando a los intereses del Estado argentino por la causa de la nacionalización de la petrolera YPF en una demanda iniciada en 2015 por el bufete de abogados Burford, tras haberle comprado los derechos a la justicia española.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.

En una reciente operación en la que vendió el 15% del juicio, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, puso una valuación que arroja un total de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Claro que pese al revés que sufrió la Argentina, Rufino cobró sin demoras sus altos honorarios por la fallida tarea realizada. La estrategia ante los tribunales neoyorquinos fue definida por el propio Rufino y el por entonces Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, entonces director de YPF.

Rufino trabó amistad y generó negocios con Rodríguez Simón cuando se desempeñó como abogado en el estudio Llerena fundado por “Pepín”. Además, realizó una carrera en la justicia Comercial en paralelo con el juez Comercial, Javier Cosentino, quien declaró la quiebra de Oil Combustibles en mayo de 2018, como resultado del plan de extorsión y persecución contra el Grupo Indalo.

Ahora, en el juicio oral por Oil Combustibles, cada vez son más los testimonios que dejan al descubierto la maniobra de la que participaron la mesa judicial del macrismo y la AFIP de Alberto Abad para asfixiar a la petrolera y llevarla a una inexorable quiebra.

De hecho, Carlos Bianchi, interventor, coadministrador y liquidador de la petrolera declaró como testigo que hubo media docena de reuniones con interesados en comprar la refinería, el puerto y la red de estaciones de servicio, entre las que estuvo Lukoil y la propia YPF.

Al respecto, Bianchi aseguró que para las conversaciones con la petrolera estatal, su contacto era el abogado Marcelo Rufino, con quien llegó a mantener encuentros en la torre de las oficinas centrales.

El testigo contó que sondeaba la posibilidad de que se aplique una moratoria para atraer potenciales interesados en los activos y para recuperar la empresa. Sin embargo, las negativas de Rufino y su séquito eran terminantes.

Con toda la prueba documentada, los abogados que representan al empresario Fabián De Sousa denunciaron que el gobierno de Mauricio Macri utilizó a la firma YPF, de propiedad mayoritaria del Estado Nacional, como “un eslabón más en la maniobra delictiva” tendiente al desapoderamiento y hostigamiento hacia Oil Combustibles y las empresas del Grupo Indalo.

Desde su rol de asesor letrado, Rufino habría tomado parte de forma directa en el proceso de compra de los activos de los que fue desapoderada Oil Combustibles y su posterior traspaso a las firmas Delta y DAPSA.

Vale recordar que el pasado 12 de agosto con un advenimiento que logró una adhesión del 99,95%, la Justicia dispuso el levantamiento de la quiebra de Oil Combustibles. “Hoy podemos decir con orgullo que hemos recuperado Oil Combustibles, la nave insignia del Grupo Indalo”, señaló la empresa en un comunicado.