El Ministerio de Salud de la Nación presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal una denuncia penal por defraudación a la administración pública contra el médico ya identificado y los otros posibles implicados en el intento de fraude cometido durante la realización del Examen Único de Ingreso al Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. La acción surge tras la detección de graves inconsistencias en los resultados obtenidos y la circulación de un video en redes sociales en las que se observa al principal denunciado filmando el examen con un dispositivo oculto.
La presunta maniobra de defraudación habría consistido en el uso de dispositivos tecnológicos (anteojos con cámara/audífonos) para filmar las preguntas y enviarlas a un agente externo, que se encontraba fuera del establecimiento y que se encargaba de buscar contestar las preguntas. Mediante grupos de mensajería pagos (Telegram, WhatsApp), esta persona habría enviado las respuestas correctas, permitiendo así la masificación del fraude.
La conducta se encuadra en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública ya que se buscó obtener una beca rentada y financiada por el Estado, mediante métodos fraudulentos y generando un perjuicio económico para la administración pública que debió incurrir en gastos adicionales para el análisis del engaño y la implementación de nuevas instancias de evaluación. Asimismo, se debe tener en cuenta que el daño también es ético y potencial ya que las acciones cometidas buscaron desplazar a los colegas realmente aptos para ocupar los cargos vacantes poniendo en riesgo la salud de la población.
Los pasos a seguir se centran en la investigación y la recolección de pruebas entre las que se incluyen la declaración testimonial de los responsables del control y fiscalización de la sede en donde se cometió el delito; el secuestro y análisis forense de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos prestando especial atención a los vinculados a los grupos de mensajería para identificar a los organizadores y beneficiarios directos del fraude; la presentación de un oficio a la red social X para obtener datos de registro, titularidad, historial de publicaciones, y el archivo original del video difundido; y el requerimiento de los números y listados de comunicaciones entrantes y salientes de los implicados en un período específico a las empresas de telefonía.
Una vez que se recojan estas pruebas, se solicitará al juez citar a declaración indagatoria a los involucrados. Este Gobierno asumió el compromiso de terminar con las trampas y los privilegios que se aprovechan del Estado. Por eso, el Ministerio de Salud de la Nación va a ir hasta el fondo para identificar, denunciar y sancionar a quienes intentaron vulnerar un concurso público. En una Argentina que se construye sobre la base del mérito, el esfuerzo y la honestidad, no hay lugar para el fraude ni para los atajos.
La primera alerta respecto a las posibles irregularidades fueron los resultados del examen del 1° de julio. Se observó que un alto porcentaje de aspirantes había obtenido puntajes sobresalientes (más de 85 puntos) respecto a la media histórica de notas. En la mayoría de estos casos, los graduados provenían de universidades poco destacadas y sus notas no se correspondían con su rendimiento en exámenes rendidos días previos de similar dificultad. En el caso del médico que filmó su examen, por ejemplo, el puntaje obtenido en un examen previo fue de 69/100 mientras que en el examen único fue de 92/100.
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