La exposición internacional de información técnica vinculada al sistema de comunicaciones de Gendarmería de Chile encendió las alertas en el Congreso. La diputada Ana María Gazmuri, del Partido Acción Humanista (AH), ofició a dicha institución y al Ministerio de Seguridad Pública para exigir explicaciones por la eventual divulgación de antecedentes que, por razones de seguridad nacional, debían mantenerse bajo estricta confidencialidad.
La ofensiva parlamentaria tiene como antecedente un reportaje publicado la semana pasada por el sitio de investigación Contrapoder Chile, que puso nuevamente en el centro de la controversia a la compañía china Hytera, adjudicataria del proyecto de radiocomunicaciones de Gendarmería y condenada en Estados Unidos por conspirar para apropiarse de secretos comerciales de Motorola.
Según reveló el citado medio, la empresa presentó el sistema implementado para la institución penitenciaria en un concurso internacional, pese a que el proceso de licitación contemplaba exigencias de confidencialidad y restricciones sobre la divulgación de información técnica por motivos de seguridad.
La situación generó mayores cuestionamientos luego de que un ejecutivo relacionado con la compañía entregara públicamente detalles sobre las tecnologías utilizadas en el proyecto. Sin embargo, cuando Contrapoder Chile solicitó explicaciones, ni Gendarmería, ni Hytera ni los organizadores del certamen aclararon si existía una autorización para exponer esos antecedentes.
A partir de estos antecedentes, la parlamentaria solicitó información oficial sobre las circunstancias en que se habría producido la exposición de datos técnicos del sistema de radiocomunicaciones penitenciario y las eventuales autorizaciones que pudieron existir para ello.
El documento enviado a ambas instituciones recuerda que el proceso de contratación comenzó en 2023 y que Hytera fue la compañía seleccionada para desarrollar la infraestructura tecnológica.
"Sin embargo, durante 2026, la compañía presentó el sistema de comunicaciones implementado para Gendarmería de Chile ante los International Critical Communications Awards (ICCA), bajo la candidatura denominada "Hytera Converged TETRA?Private LTE Solution for Gendarmería de Chile", siendo seleccionada como finalista en la categoría Best use of critical communications in public safety", reza el libelo.
Para Gazmuri, el episodio abre interrogantes que deben ser aclaradas por las autoridades, particularmente respecto de las obligaciones contractuales que asumió la empresa al adjudicarse el servicio y las condiciones en que habría compartido información del proyecto con terceros.
"No se ha podido establecer si Gendarmería otorgó autorización previa para divulgar estos antecedentes ni cuál fue el alcance de la información que la empresa puso a disposición de terceros. Por su parte, solicito al Ministerio de Seguridad Pública informar si ha tomado conocimiento de estos antecedentes y si ha realizado alguna evaluación respecto de sus posibles implicancias para la seguridad penitenciaria y la protección de la información estratégica de las instituciones bajo su ámbito de competencia", prosigue el oficio.
"Asimismo, agradeceré señalar si ha impartido instrucciones o coordinado acciones con Gendarmería para esclarecer lo ocurrido y resguardar los antecedentes técnicos de sus sistemas de comunicaciones", agrega.
En conversación con Infobae, Gazmuri sostuvo que "aquí hay una cuestión de fondo: no estamos hablando de información comercial cualquiera, sino de un sistema de comunicaciones estratégico para la seguridad de los establecimientos penitenciarios y la protección de sus funcionarios. La exposición de su arquitectura tecnológica podría generar riesgos que deben ser evaluados con seriedad".
"Queremos saber si Gendarmería autorizó esta presentación, qué información se permitió divulgar y si se adoptaron medidas para resguardar la seguridad institucional. Además, nos preocupa que esta misma empresa esté vinculada al próximo proceso de renovación de las radiocomunicaciones de Carabineros", complementó la parlamentaria.
"El Estado debe ser especialmente riguroso cuando contrata tecnología sensible para sus instituciones de seguridad. La confidencialidad y la protección de esta información no pueden quedar subordinadas a la promoción comercial de una empresa", remató.
Cabe señalar que la compañía china Hytera Communications fue condenada en Estados Unidos tras haberse declarado culpable de un cargo federal de conspiración para robar secretos comerciales de Motorola Solutions. La empresa admitió haber reclutado a ex empleados de Motorola y tomado sin autorización documentos y código fuente sobre tecnología DMR para desarrollar sus propios productos.
En marzo de 2026, un juez federal de Illinois impuso a Hytera una multa de USD 50 millones, obligándola a mantener un programa de cumplimiento estricto e informar de manera anual al gobierno.
Aunque el tribunal determinó que las pérdidas para Motorola ascendían a USD 214 millones en ganancias, esta restitución fue compensada por pagos previos que Hytera realizó en litigios civiles paralelos.
La sentencia penal se sumó a una serie de millonarios fallos civiles previos en los que tribunales de EE.UU ordenaron a Hytera pagar cientos de millones de dólares por daños y regalías debido al uso continuo de tecnología robada.
