El 54,5% de las personas ocupadas no hace aportes jubilatorios, una situación que reduce los ingresos de un sistema previsional ya en crisis y limita la cobertura de la seguridad social.
En un contexto de deterioro del mercado laboral, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la proporción de trabajadores que sí efectúan contribuciones pasó de entre 47,3% y 48,4% durante 2023 a 45,2% en el primer trimestre del corriente año.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que esa reducción implica una merma anual de $3,3 billones en los recursos previsionales, a valores actuales. El monto equivale al 5,3% de la recaudación por contribuciones patronales y aportes personales.
Del total estimado, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la baja alcanza los $277.780 millones mensuales, con un máximo de $454.093 millones en julio por el efecto de la liquidación del medio aguinaldo.
El CEPA aclaró que se trata de una proyección máxima de la pérdida potencial, no de una medición exacta de los recursos que efectivamente dejaron de ingresar. El planteo supone que quienes pasan a la informalidad perciben el mismo salario promedio que los trabajadores registrados, aunque sus remuneraciones suelen ser inferiores.
Mientras tanto, según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), tras el ajuste aplicado por el actual Gobierno, el gasto público no destinado a la vejez se ubica apenas un 5% por encima, en términos del PBI, del promedio registrado en la década de los 80. En cambio, el gasto asociado a la vejez es un 73% mayor.
El problema estructural del sistema previsional argentino radica en la insuficiente cantidad de trabajadores que realizan aportes para sostener las jubilaciones y pensiones sin recurrir a otras fuentes de financiamiento.
Un estudio comparativo de Argentina, Brasil, México, Canadá, España y Suecia, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), situó al país entre los que registran menor proporción de contribuyentes respecto de la población económicamente activa (PEA).
El indicador alcanza el 46,3% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque asciende a aproximadamente el 58% al incorporar los aportantes de las cajas provinciales no transferidas y las profesionales. Brasil registra el 60,9%, Canadá 86,1%, España 87,5% y Suecia 91,5%. México presenta el valor más bajo, con el 42,5 por ciento.
El informe muestra que la diferencia está asociada sobre todo con la informalidad laboral. En la Argentina, el 43% de la población ocupada trabaja "en negro", mientras que en Canadá, España y Suecia ese fenómeno tiene una incidencia marginal.
Además, advierte que la cantidad de personas que aportan no refleja por sí sola la capacidad de financiamiento: los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formales.
En ese sentido, se destaca el caso del monotributo. En la categoría más habitual, el componente previsional representa, en promedio, apenas el 3,65% del ingreso del contribuyente, frente a entre el 21,77% y el 23,35% de la remuneración bruta que aporta un empleado en relación de dependencia.
La fragilidad también aparece en las cuentas previsionales. Según la OPC, el sistema argentino registra un resultado positivo equivalente al 0,03% del PBI cuando se incluyen los impuestos asignados específicamente a su financiamiento. Sin embargo, si se consideran únicamente los aportes y las contribuciones, presenta un déficit del 0,72% del PBI.
El documento explica que depender de tributos vinculados al consumo y a las transacciones bancarias expone los recursos previsionales a las fluctuaciones de la actividad económica.
A largo plazo, la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento constituye otro obstáculo. La tasa de cotización vigente ?es decir, el porcentaje del salario destinado a financiar el sistema previsional? es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas bajo las reglas actuales.
Según el documento, esa diferencia ?la mayor entre los países analizados? evidencia los límites de intentar resolver el desequilibrio exclusivamente mediante un incremento de las cargas laborales.
La OPC subraya que la presión demográfica aumentará en las próximas décadas. La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050.
Ese cambio plantea un desafío adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades para ampliar la base de aportantes y financiar las prestaciones con recursos contributivos.
