La causa contra Sebastián Favre, el vecino de Nordelta que fue filmado mientras disparaba contra un grupo de carpinchos, podría sumar una imputación más grave. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió que el episodio sea investigado también como un posible delito contra la fauna silvestre.
"Lo que solicitamos es otra imputación, más grave, por el ataque a fauna silvestre", explicaron a Infobae desde el organismo que conduce Guido Lorenzino.
La presentación fue realizada en la causa que ya tramita ante la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren. En concreto, la Defensoría solicitó que se analice la eventual aplicación del artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, además de las figuras de maltrato y crueldad animal (Ley N° 14.346) que ya forman parte de la investigación.
Ese artículo castiga a quien cace animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización se encuentre prohibida o vedada. La pena prevista es de dos meses a dos años de prisión y hasta cinco años de inhabilitación especial. En los supuestos agravados establecidos por la misma norma, la escala se eleva de cuatro meses a tres años de cárcel y hasta diez años de inhabilitación.
Desde la Defensoría entienden que el caso podría quedar alcanzado por la figura agravada, con una inhabilitación para el uso de armas de caza. Aun así, explicaron que se trataría de un delito excarcelable, aunque consideraron que una eventual sanción "resultaría ejemplificadora".
Uno de los argumentos centrales del planteo es que no sería necesario comprobar que alguno de los disparos alcanzó a los carpinchos para analizar la conducta bajo la legislación de protección de la fauna silvestre.
Para sostener esa posición, la Defensoría se apoya en el Código Rural bonaerense. Según señala la presentación, su artículo 265 considera acto de caza a toda técnica destinada a "buscar, perseguir, acosar, apresar o matar animales silvestres". Por eso, argumenta que la eventual inexistencia de un ejemplar herido o muerto no alcanza, por sí sola, para descartar la relevancia jurídica de los disparos.
El escrito sostiene además que el carpincho no está incluido entre las especies cuya caza se encuentra habilitada en la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, está alcanzado por el régimen de protección de la fauna bonaerense.
La presentación también plantea que debe analizarse dónde se produjeron los disparos, ya que el Código Rural establece prohibiciones específicas para la caza en zonas urbanas o suburbanas y en lugares habitualmente concurridos por público.
El hecho ocurrió el 17 de septiembre pasado en Los Alisos, uno de los barrios de Nordelta. Favre, de 49 años y ex piloto de avión, fue registrado descalzo y en pijama en el jardín de su propiedad mientras apuntaba y efectuaba sucesivos disparos en dirección a los animales.
Las imágenes dieron origen a una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y posteriormente se realizó un allanamiento en la propiedad. Allí fue secuestrada un arma de aire comprimido, aunque todavía deberá determinarse mediante una pericia si se trata de la misma que aparece en el video.
El caso también tuvo consecuencias puertas adentro de Nordelta: como contó Infobae, Favre recibió una multa de $4,5 millones, la máxima prevista por el complejo, por incumplir las normas internas.
La presentación de la Defensoría también solicita una serie de medidas para determinar el alcance de la conducta investigada.
Una de las principales es una pericia sobre el arma secuestrada. Lorenzino pidió que se establezcan su naturaleza, características técnicas, calibre, potencia, velocidad y energía de los proyectiles, alcance efectivo y, especialmente, su aptitud para provocar lesiones o la muerte de un carpincho. También pretende determinar si se trata de la misma arma que Favre tenía en sus manos en las imágenes.
Además, solicitó establecer si después del episodio fueron encontrados carpinchos heridos o muertos en el área y, en caso afirmativo, incorporar informes veterinarios, fotografías, estudios y eventuales necropsias.
Otro de los pedidos apunta directamente a Nordelta. La Defensoría solicitó que la administración entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad, las actuaciones internas vinculadas con el episodio, las denuncias recibidas, la identificación de testigos y las sanciones adoptadas.
También pidió que el complejo informe si existen antecedentes de hechos similares atribuidos a Favre o de otros episodios de "utilización de armas, agresión, persecución o hostigamiento contra carpinchos".
Ahora, el fiscal Cosme Iribarren deberá definir ahora el alcance que le dará al planteo de la Defensoría dentro de la investigación que ya estaba en marcha contra Favre.
