La suspensión fue emitida por el Ministerio de Trabajo por no haberse desplazado desde Tel Aviv a Ankara en el plazo marcado por el Gobierno, que lo consideró como un abandono temporal de su encargo como vicepresidenta, dentro del enconado enfrentamiento que mantienen Noboa y Abad, quien ha denunciado al mandatario por presunta violencia política de género y le ha acusado de liderar un acoso con la intención de forzar su dimisión.

El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país, con el objetivo de mediar en el conflicto entre palestinos e israelíes.

Abad, que hace unos días regresó a Quito, se presentó personalmente a la audiencia sobre la acción de protección contra su suspensión, donde la jueza Nubia Vera escuchó a las partes y a varios abogados, movimientos de mujeres y académicos, quienes dieron sus puntos de vista sobre la pertinencia y constitucionalidad de la sanción.

La vicepresidenta ya había interpuesto un recurso de amparo cuando el Ministerio le abrió el sumario administrativo, pero otra jueza negó la protección.

"Una causa histórica para el país"

"Esta es una causa histórica para el país, a lo largo de 194 años de constitucionalismo en el Ecuador es la primera vez que una autoridad administrativa se impone ante una autoridad de elección popular, por lo que hay que establecer en esta causa si este acto administrativo está por encima de la Constitución y prevalece sobre los derechos", dijo al inicio de la audiencia Damián Armijos, del equipo legal de Abad.

El abogado pidió a la jueza que declare que el sumario administrativo vulneró los derechos políticos, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la presunción de inocencia de la vicepresidenta, entre otros, y que ordene que se revierta la decisión.

Además, reclamó que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, emita unas disculpas públicas por medio de un mensaje a la nación, entre otras sanciones, como parte de la reparación integral.

Sin embargo, la defensa del Ministerio insistió en que Abad es funcionaria pública, por lo que esa cartera sí tenía competencias para abrirle un sumario administrativo y sancionarla, y enfatizó en que sus derechos políticos no fueron vulnerados porque ella no está impedida de ejercer un cargo público.

Sin sustento legal para la sanción

Uno de los momentos clave de la audiencia se produjo cuando la jueza Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.

La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó "con base en las reglas de la sana crítica".

"Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa", agregó el jurista.

En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.

Para suplir a Abad, Noboa nombró como "vicepresidenta encargada" a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya, en un acto sin precedentes en el país.

(c) Agencia EFE