El Poder Ejecutivo estableció a través del decreto 730/2024 el plazo de un año, a partir del 13 de agosto, para que la AFA modifique su estatuto y se adecue a los términos previstos por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Esta batalla de posiciones encontradas se abrió con el megadecreto de diciembre de 2023, que autorizó la conformación de nuevas sociedades y supone la aceptación obligada por las diferentes asociaciones del fútbol. La disputa llegó a la Justicia, y abrió un nuevo escenario: la amenaza de una posible intervención estatal en la AFA.

Por el momento, un juzgado federal de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, dictó una medida cautelar solicitada por la Liga de Salto, organización que regula el fútbol y otras actividades deportivas en esa región bonaerense, en la que ordena al Estado Nacional la suspensión de los artículos 335 y 345 del decreto 70/2023.

El resultado final de esa causa, según el abogado deportivo Sebastián Gasibe, será fundamental para la AFA: “Es fundamental porque al tratarse de una acción declarativa de inconstitucionalidad, que dirá si el DNU es válido o no, seguramente sea apelado por la parte disconforme, y en caso de que lo lleven hasta la Corte Suprema, su decisión ya pasará a ser aplicable a todos los casos”.

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La negativa de la AFA de adecuar su estatuto, que plasmó a través de comunicados institucionales o mediante la voz de diferentes actores de peso en la institución, plantea la pregunta de qué puede pasar en caso de que decidiera no hacerlo.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejó entrever una posible intervención. Pero este tipo de injerencias de los gobiernos en las asociaciones futbolísticas están penadas por la FIFA, el ente rector de este deporte a nivel mundial. ¿Podrían las disposiciones de la FIFA implicar sanciones para una AFA eventualmente intervenida? ¿Podrían, por ejemplo, sancionar a la selección argentina con impedimentos de participar en torneos internacionales?

Cúneo Libarona, respetar la ley

"El Poder Ejecutivo va a hacer respetar la ley y la ley es terminante”, declaró Cúneo Libarona al canal de noticias IP. Al ser consultado sobre si el Estado se plantea la intervención de la AFA, la respuesta fue contundente: “Intervendrá la Inspección General de Justicia”, el órgano del gobierno que regula las sociedades comerciales y civiles.

La FIFA prohíbe en sus artículos 14 y 15 la injerencia de terceros y obliga a las asociaciones miembros a “administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos”. Y a continuación aclara que la violación de este apartado “podría conllevar sanciones, incluso si la injerencia de un tercero no pudiera imputarse a la federación miembro”. Y en el inciso c) del artículo 15 declara que las federaciones deben cumplir con la “independencia y prevención de injerencias políticas”.

Una posible intervención, de acuerdo con el abogado especialista en derecho deportivo Mariano Pujol, si la AFA no cumple con la adecuación estatutaria es más bien una declaración política: “Si bien desde el punto de vista jurídico sería viable una intervención, esa opción es arriesgada y podría ser muy perjudicial. Podría enfrentar a la AFA a una posible desafiliación de la FIFA que no tolera la intervención gubernamental en las federaciones nacionales. En las elecciones del 38-38 también se podría haber intervenido la AFA, pero se optó por una intervención de Conmebol y FIFA mediante un comité de regularización. Fue una salida política a una crisis institucional posterior al fallecimiento de Julio Grondona. Así se evitó una sanción deportiva por parte de FIFA”.

Las elecciones del 38-38 se refieren a las que se realizaron en la AFA en 2015, en las que se enfrentaban Marcelo Tinelli y Luis Segura. Proviene del hecho de que había 75 personas habilitadas para votar, y el conteo final sumó 76 votos. Eso obligó a declarar nulos los comicios y a una intervención de la FIFA y la Conmebol, la Confederación Sudamericana.

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y una de las voces más fuertes desde dentro de la asociación, sostuvo a través de X que no “podrán recurrir a su única solución que será una intervención administrativa que suspenda la vigencia de los estatutos de AFA (propio de un régimen dictatorial), sin pagar el costo político de una inminente desafiliación de FIFA que borre del mapa mundial nuestro más preciado orgullo deportivo y cultural”.

Claudio Tapia, haciéndose eco y entendiendo el vínculo afectivo de la selección argentina con la gente, sobre todo después de la obtención de los últimos títulos a nivel mundial y continental, advirtió sobre las consecuencias que podría tener una intervención: “Es lo único que le ha dado alegrías en los últimos cuatro años al pueblo argentino. Nuestra selección es la que ha logrado juntar a todas las clases sociales, en la manifestación más grande de la historia en todo el mundo”.

No hace falta irse muy lejos para entender la falta de tolerancia de la FIFA a las injerencias externas: en diciembre de 2023 cuando una corte de Río de Janeiro removió de su cargo al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, la FIFA envió una carta advirtiendo sobre posibles sanciones a la selección y a los clubes locales. Después envió una comitiva, encabezada por Emilio García, director de asuntos jurídicos de la FIFA, quien afirmó que la restitución de Rodrigues evitó que Brasil corriese riesgo de ser excluido de competiciones internacionales.

Libertad para elegir, pero no para todos

Además de las palabras de Cúneo Libarona, el gobierno también ha fijado posición a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien en su momento lideró la construcción del megadecreto 70/23. “Los cambios introducidos por el presidente Javier Milei solo apuntan a dar mayor libertad a los socios. El club es de los socios, pero a partir de ahora esos socios podrán elegir con mayor libertad cómo organizar su club. Nadie impone nada. Solo se amplían libertades”, dijo en un hilo en X Sturzenegger, que es economista. Pero lo que no señala es que este nuevo decreto del 13 de agosto modifica qué socios pueden votar en esta "libre elección".

No serán todos como señalaba el megadecreto de diciembre, sino que con esta modificación se entiende por asociados a los “que participen en la asamblea extraordinaria de la asociación que considere la decisión de transformar a la entidad en sociedad anónima o resuelva ser socia de sociedades anónimas”.

De acuerdo con Gasibe, esto es un cambio negativo: “Ya no se necesita el voto afirmativo del 66% de los asociados, sino del 66% de los representantes de socios (que son los que participan en la asamblea extraordinaria). Si en una institución con 60.000 personas con derecho a voto necesitabas 40.000 para pasar a ser SAD, ahora necesitarías el voto de solo 100 personas, que sería el 66% de los representantes de socios”.

Pablo Toviggino sostiene que “mientras nuestros estatutos estén vigentes, cualquier institución afiliada a AFA que decida modificar los requisitos de admisión y afiliación estatutariamente establecidos tendrá como consecuencia irremediablemente la desafiliación”.

Pujol no cree que sea discriminatorio que el estatuto de la AFA establezca como requisito que sus miembros sean solamente asociaciones civiles: “Es un requisito válido y que no impide a las SAD tener su propia competencia deportiva. La AFA, al igual que la FIFA, ejercen un monopolio de hecho sobre el fútbol. No tienen un derecho de propiedad sobre la disciplina. Hay muchos ejemplos de distintas federaciones internacionales que regulan el mismo deporte, pero no compiten entre sí”.

Por lo pronto, la AFA no se propone adecuar su estatuto a la visión del gobierno. Según el esquema oficial, los clubes que se quieran convertir en SAD necesitarán una fracción mínima de los socios con derecho a voto para poder hacerlo, aunque corren el riesgo de la desafiliación. Tras establecer el plazo de un año para la adecuación, el gobierno avisa sobre una posible intervención en caso de que no suceda. La batalla retórica y legal continúan, y el final del camino para una solución acordada parece cada vez más lejos. cnn español 

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