Varias de ellas atizaron el debate acerca de la licitud moral en cuanto recursos en tiempos no solo de enormes desarrollos científicos, sino a la vez de grandes cambios culturales.

Lo que más polvareda levantó fue el rechazo al alquiler de vientres y a las operaciones para modificar el sexo. En cuanto a la maternidad subrogada, el documento considera que "la mujer se desvincula del hijo que crece en ella y se convierte en un mero medio al servicio del beneficio o del deseo arbitrario de otros". Mientras que "el niño se convierte en un mero objeto" cuando, en realidad, "tiene derecho (…) a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente". A la vez que afirma que no existe el "derecho al hijo".

Con respecto al cambio de sexo, señala "la necesidad de respetar el orden natural de la persona". "De ahí que toda operación de cambio de sexo, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Esto no significa que se excluya la posibilidad que una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías".

En la Argentina el pronunciamiento se produce cuando tanto la maternidad subrogada como el cambio de sexo son prácticas cada vez más frecuentes. La mayor preocupación de sus objetores se centra en la gestación por sustitución porque trasciende la implicación individual -como es el caso de quien decide modificar su biología- y afecta a otras personas: la mujer que presta su cuerpo y al niño. Observan no solo una cosificación de la mujer y una falta de respeto a la identidad del chico, sino también un comercio.

A diferencia del cambio de sexo, enmarcado en la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012, acerca de la maternidad subrogada hay un vacío legal, si bien a partir de 2018 empezaron a presentarse proyectos para regularla y prohibir que se lucre con ella. Según un informe de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, subrogar en los Estados Unidos cuesta entre 110 mil y 160 mil dólares, en Ucrania 50 mil y en América Latina es posible por 10 mil en la Argentina y 6 mil en Colombia.

"A pesar de que en la mayoría de los países latinoamericanos –con excepción de Cuba, Uruguay, Brasil y Puerto Rico, donde está legalizada bajo diversas figuras- la gestación subrogada es ilegal porque la madre es la que da a luz, sin embargo, su práctica es cada vez más tolerada y normalizada aduciendo un supuesto vacío legal", dice el informe, a cargo de la jueza Susana Medina, la doctora en Filosofía e investigadora del CONICET María Binetti y la doctora en Derecho María Sofía Sagues.

Añaden al respecto que "el enfoque de tolerancia asumido, si bien no regula la práctica, legaliza sus efectos y habilita registrar al recién nacido a nombre de los compradores, apelando al interés superior del niño y reconociendo de facto el carácter filiativo de la subrogación. Tal es la situación actual en Argentina, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Chile, Paraguay". Y concluyen que "la tolerancia crea una apariencia de legalidad".

La doctora Medina considera a la maternidad subrogada como "una sutil forma de trata de personas" y, en ese sentido, afirma que "no conocemos mujeres ricas que alquilen su vientre", más allá de la disposición de allegadas a quienes buscan una gestante. Además, cree que en América Latina se puede expandir mucho esta práctica por la gran cantidad de mujeres pobres y por situaciones como la guerra en Ucrania y las restricciones en India, Tailandia y Nepal.

El aprovechamiento de la necesidad no sería una mera teoría en el país. El diario La Voz de Córdoba informó esta semana que la Justicia investiga a clínicas de la provincia ante la sospecha de que captan mujeres vulnerables para la maternidad subrogada, pesquisa que incluyó el allanamiento de dos de ellas en la ciudad capital a partir de una denuncia anónima de una pareja que se había acercado buscando alternativas para concebir.

"En la medida que las involucradas sean personas vulnerables que no tuvieron la posibilidad de elegir quedar embarazadas con embriones de quienes demandan ese servicio para procrear una criatura, sino que dada la necesidad quedaron a merced de quienes la contrataron y, por tanto, hubo dinero de por medio cuando eso está prohibido, consideramos que es un delito de trata de personas y hacia eso vamos", declaró el fiscal Enrique Senestrari.

La maternidad subrogada dispara otros interrogantes como su licitud moral en el caso de mujeres que pueden gestar, pero prefieren recurrir a otra que las reemplace para no afectar su cuerpo. En el fondo, a la par del enorme desarrollo científico, estamos enfrentando el creciente dilema acerca de si debemos imponernos ciertos límites o si, apelando al libre albedrío, nuestros deseos tienen que ser siempre la razón predominante.

¿O vivimos tiempos en que todo es posible? En tal caso, ¿eso es bueno para la humanidad?

fuente: El Liberal SERGIO RUBIN -REDACCIÓN

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