CÓRDOBA.- Los gobernadores esperan, en las próximas horas, recibir el nuevo proyecto de restitución de Ganancias a la cuarta categoría con un piso de entre $1,6 millones y $1,8 millones. También aguardan que se publique la corrección o modificación del DNU que eliminó las partidas de financiamiento para las 13 cajas previsionales de las provincias no transferidas a Nación. Esos son los compromisos asumidos, aseguran, por los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse. De ese modo, ratifican que están dispuestos a acompañar la ley ómnibus y el Pacto de Mayo.

Desde el grupo de mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC), cuatro de los asistentes confirmaron a LA NACION que durante el encuentro del último jueves en la Casa Rosada no hubo “letra fina” sobre el tema Ganancias, aunque Francos y Posse tomaron nota de sus planteos y les aseguraron que se elevaría el piso de $1,2 millones que había adelantado el ministro del Interior, además de aceptar que se bajarían las alícuotas para los trabajadores que empiecen a tributar.

Los mandatarios en general se opusieron siempre al regreso del impuesto por el costo político que implica; por eso insistieron en subir el mínimo no imponible aplicando un criterio de “razonabilidad” para “no empujar a la pobreza” a un grupo importante de trabajadores. Los patagónicos, incluso, entienden que podría haber un esquema especial para los petroleros, que por su nivel de sueldos quedarían comprendidos en su totalidad.

Respecto de las alícuotas de Ingresos Personales -como pasará a llamarse el impuesto a las Ganancias- los gobernadores ratificaron que deben ser progresivas, desde el 5%. “Quedamos en que sería así, 5%, 9% hasta llegar a 35% para atenuar el impacto en los que empiecen a pagar. Además, el piso más alto”, resumió un mandatario de la región centro consultado por este medio.

Sobre las transferencias de Anses, fijadas por ley, para las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas, la incertidumbre es mayor. Mientras unos sostienen que “todavía está todo en el aire” porque los representantes de la Rosada se limitaron a ratificar que la “plata está”, unos pocos interpretan que aceptaron “corregir” el DNU de hace una semana por el que se eliminaron los artículos del presupuesto 2023 prorrogado, que obligaba a la Anses a girar el dinero. Pese a ello, desde la asunción de Javier Milei se dejó de enviar esos fondos.

El esquema de retomar las transferencias sería hacia adelante, mientras que la deuda acumulada se cancelaría con la emisión de un bono, lo que es una práctica común en estos casos. Este diario, en función de los cálculos de varias provincias, adelantó que este mes Nación debería girarle a Buenos Aires $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6.500 millones; Formosa, $2.260 millones; La Pampa, $1.720 millones; Misiones, $1.790 millones y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones.

Desde que salió el decreto, los gobernadores de las provincias afectadas -incluso los más cercanos a la Rosada- le hicieron saber a Francos que están dispuestos a ir a la Corte Suprema de Justicia con el reclamo. Por el monto en juego, es un tema crucial para las finanzas provinciales. No hay avances en los pedidos de las provincias de reiniciar obras públicas claves, de lo que vienen pidiendo precisiones a la Nación y tampoco se habló en los últimos contactos de los subsidios para el transporte.

La decena de gobernadores de JxC señala que “no hay argumentos” para no apoyar la ley Bases. El puntano Claudio Poggi afirma que todos le van “a transmitir” a sus diputados y senadores “la necesidad de que salga”, aunque admitió que cada provincia tiene “sus particularidades” y que “el equilibrio fiscal nacional no debe lograrse a expensas del desequilibrio fiscal” de esos distritos.

El santafesino Maximiliano Pullaro está en la misma posición; comenta que los artículos de la primera versión de la ley que no iba a acompañar -como retenciones, biocombustibles y el previsional- se eliminaron, por lo que “se avanzó mucho”. En su caso, quiere analizar “en detalle” el blanqueo por la pelea encarada en su provincia contra el narcotráfico. Entiende que es “clave” que no haya “aspectos” contradictorios entre ambos temas.

Rogelio Frigerio convocará a los legisladores nacionales de JxC de Entre Ríos y, según dijo a la prensa, les transmitirá “lo que hablé con el gobierno nacional y lo que yo entiendo que necesita” la provincia. También el chubutense Ignacio Torres se alineó con el apoyo a la ley.

El cordobés Martín Llaryora viene dialogando con Francos y, desde su entorno, aseguran que “vienen bien”. Que la Caja de Jubilaciones de Córdoba -por la que la Provincia ya tiene presentaciones judiciales del año pasado- tuvo auditorías realizadas “recientemente”. Lo más urgente, dijeron, es “regularizar” los envíos mensuales y definir la manera de cobrar la deuda.

Hasta el momento Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, es el único mandatario que adelantó que no acompañará. “Somos una de las provincias que menos recursos recibe”, insistió el viernes en una entrevista con FM San Jorge. Después de mostrarse preocupado por la situación social, advirtió que “si este tipo de consecuencias y complicaciones es lo que va a traer la ley Bases, la verdad es que, claramente, no voy a estar de acuerdo”.LA NACIÓN Y REDACCIÓN

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