El portal Educ.ar, la Radio Nacional, la Televisión Pública, la agencia de noticias Télam y las señales de Contenidos Públicos segmentados (Encuentro, Paka Paka, Depor TV, ACUA Mayor y ACUA Federal) integran el listado de los medios intervenidos durante un año -con opción de prórroga- por el decreto 117/2024.

También queda incluida la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).

La misión de la intervención será "elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades", que incluirá la revisión de la administración de fondos, la modificación del régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios.

Además, entre los fines de los interventores está el de "optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas", todo ello dentro de la anunciada búsqueda del Ejecutivo de Javier Milei de "una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público".

El decreto nombra a Diego Chaher y a Diego Marías interventor e interventor adjunto, respectivamente, de Radio y Televisión Argentina y, con carácter 'ad honorem', de Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar. Ambos bajo la órbita del jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse.

Una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) consideró que esta intervención es una "violación de la legislación vigente" y pasa por encima del Congreso de la Nación, ya que "algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quitará todo rol".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el colectivo resalta que "es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación".

Fatpren recuerda que impugnó por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el mandatario el 20 de diciembre pasado.

En el recurso presentado ante la Justicia, el colectivo señala "la absoluta incompatibilidad del DNU con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan pluralidad de voces".

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