n el primero de los casos, la Aduana realizó 14 allanamientos en forma coordinada en las ciudades de Rosario, Venado Tuerto, Rufino, San Lorenzo, Firmat y la cordobesa de Río Cuarto.

Los procedimientos se cumplieron por orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto y del 3 de Rosario, con la intervención del fiscal Javier Arzubi Calvo.

La causa investiga organizaciones dedicadas a la venta de celulares y otras mercaderías electrónicas, ingresadas al país de contrabando y que eran vendidas en un showroom a través de redes sociales.

Los allanamientos fueron practicados por personal de la Dirección General de Aduanas conjuntamente con fuerzas de seguridad, con participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.

Resultaron en el secuestro de 329 teléfonos celulares iPhone, 13 celulares de alta gama de otras marcas, 365 Termos marca Stanley, 55 productos electrónicos (fuentes gamer, máquinas para minería de datos, smartwatches, Macbooks e iMacs), 13 iPads, 6 iPods y 9.182 unidades de accesorios celulares.

Junto con los productos, valuados en más de $200 millones, se secuestró una importante cantidad de dinero en efectivo: USD 78.648, $5.062.830, € 1.900 y 54 reales, que serían producto de las maniobras investigadas.

Otros siete allanamientos en las ciudades de Rosario y de Buenos Aires, también por orden del juez Vera Barros, se dieron en el marco de una investigación en torno a importaciones simuladas de respiradores, efectuadas en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, que otorgó beneficios a las importaciones de insumos vinculados con la salud.

La maniobra se habría realizado con el objeto de fugar 3 millones de dólares del país, para lo cual la firma importadora aportó documentación apócrifa y luego giró divisas adquiridas a valor oficial, sin cumplimentar con la importación declarada.

Los hechos fueron denunciados oportunamente por la Dirección General de Aduanas ante la Justicia.

Los allanamientos de dos entidades financieras fueron llevados a cabo por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas con colaboración de la Policía Federal: una de las firmas, radicada en Rosario y la otra, en la ciudad de Buenos Aires.

Durante los procedimientos se constató que las viviendas declaradas por los supuestos socios de la firma importadora eran humildes, ubicadas en barrios periféricos de la ciudad de Rosario, lo cual resulta poco creíble.

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