Enrique, duque de Sussex, y su esposa Meghan perdieron la protección de las fuerzas del orden a costo del contribuyente cuando decidieron abandonar su trabajo como miembros de la familia real británica en 2020.

La pareja, que vive en California, cuenta con su propio equipo de protección privada en Estados Unidos.

Pero, Enrique afirma que su personal no cuenta con una jurisdicción y ni con acceso a información de inteligencia para mantener segura a su familia en suelo británico.

El príncipe apeló la decisión del Ministerio del Interior, que le negó la posibilidad de pagar con sus fondos la seguridad en el Reino Unido.

Este martes el juez a cargo del caso cerró la puerta a más litigios.

Los abogados del Ministerio del Interior argumentaron en una audiencia a mediados de mayo que no es "apropiado" que personas acaudaladas "compren" protección que pueda incluir a personal armado, cuando ya se tomó una decisión de que el "interés público no amerita" que reciban protección especial con financiamiento público.

La cuestión de su seguridad volvió a la palestra a mediados de mayo, cuando el príncipe y su esposa fueron perseguidos en auto por las calles de Nueva York por un grupo fotógrafos.

El incidente dio lugar a versiones contradictorias, pero una fuente cercana a la pareja afirma que esta "persecución" pudo ser "catastrófica".

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