Al abrir la segunda reunión, la presidenta de ese cuerpo parlamentario Carolina Gaillard, dijo que hoy expondrán autores de 14 expedientes e informó que no concurrirá la senadora Juliana Di Tullio, quien lo comunicó a través de una nota.

Los argumentos que hoy expondrán legisladores, asociaciones y juristas serán clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y comenzar la etapa de recolección de pruebas.

La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.

La lista de expositores fue abierta por la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, quien aseguró que el pedido de juico político contra Lorenzetti "pertenece a nuestro bloque data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió".

"En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia Germán Garavano", agregó y destacó el "respeto" de sus compañeros de otros bloques que conforman JXC.

Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento "no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión".

En la reunión expondrán también, por la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca y por la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales (Exigir) Federico Méndez.

Los particulares Ricardo La Greca y Patricia Isasa darán sus fundamentos en relación al pedido que realizaron contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, mientras que el abogado Pablo Llonto junto a Diego Sánchez lo harán sobre los escritos presentados en relación al desempeño de Rosatti en las causas por crímenes de lesa humanidad.

También lo hará el diputado Eduardo Valdés, quien fundamentará sobre el proyecto impulsado por el oficialismo a pedido del presidente Alberto Fernández y una decena de mandatarios provinciales.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.

Otra de las causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

También lo harán por el FdT Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.

En el primer caso se analizarán denuncias contra Rosenkrantz, y luego dos presentaciones contra los cuatro integrantes del máximo tribunal.

Tras escuchar a los impulsores de los 14 juicios políticos y que se vote la admisibilidad comenzará la recolección de pruebas y allí se deberá diagramar la convocatoria a testigos.

El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; a gobernadores; a Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, y a Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia.

A fines del año pasado trascendieron en medios de comunicación una serie de chats intercambiados a través de la aplicación Telegram que fueron atribuidos a D'Alessandro, y en varios de esos mensajes había intercambios del funcionario porteño con Robles.

En esas conversaciones, el colaborador de Rosatti le sugería al ministro porteño distintas estrategias que debía llevar a cabo el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el litigio que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación por los fondos coparticipables adicionales que Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.

El oficialismo pretende que esos chats sean también motivo de análisis en la comisión de Juicio Político, como parte del proceso de remoción a los actuales magistrados de la Corte.

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