El fiscal Walter Rodríguez imputó a Hoet y Ortubia por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de deberes” en julio de 2020, pero el juez Marcelo Bailaque –que estaba a cargo del Juzgado Federal Nº 2- recién ordenó las indagatorias en marzo y abril de 2021 y dos meses después, en junio, les dictó la falta de mérito a los dos imputados. El fiscal apeló. Y ahora, la Cámara por mayoría revocó la falta de mérito, pero sólo por uno de los cargos: el “incumplimiento de deberes” y confirmó la resolución de Bailaque en el otro, que era el presunto “fraude”. Lo que resulta inentendible. Una contratación directa de Corral “direccionada” –según el fiscal Rodríguez y uno de los jueces de la Cámara, Fernando Barbará- que alquiló la casa de González como sede de la Gendarmería en Santa Fe durante tres años, pero que según los votos de la jueza Elida Vidal y su colega José Guillermo Toledo no habría generado ningún “perjuicio económico” para el Estado.

La resolución de la Cámara se conoció en la misma semana que Corral selló una alianza política con el precandidato a gobernador y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para disputar en la interna de Juntos por el Cambio como primer aspirante en la lista de diputados provinciales, en 2023. Y su amigo, Álvaro González compartió una foto con una veintena de dirigentes santafesinos del PRO que apoyan la candidatura presidencial del jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En el primer voto, el juez Fernando Barbará propuso a la Sala que revoque la falta de mérito de Hoet y Ortubia por los dos cargos: el supuesto “fraude” y el “incumplimiento de deberes”. Y cerró con una definición tajante: “No puedo dejar de destacar que el diputado nacional Álvaro González, que habría sido el destinatario final del canon locativo, resulta ser del mismo partido político, a la sazón, gobernante en la Intendencia de la ciudad de Santa Fe y a nivel nacional, de quien dependía la fuerza de seguridad que habría celebrado el contrato de locación”. Tres referencias obvias: el intendente era Corral, la Gendarmería dependía de la entonces ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el presidente era Mauricio Macri, todos de Juntos por el Cambio.

Las gestiones para alquilar la casa de Álvaro González comenzaron con un escrito “sin fecha, ni membrete, ni sello aclaratorio de firma”, suscripto por Ortubia y dirigido a Corral que consideró "estratégica" la ubicación de la propiedad –en el casco céntrico de Santa Fe- para instalar el comando de Gendarmería porque estaba cerca de “vías de acceso rápido de la ciudad”. El trámite exprés se resolvió en cuatro días, entre el 15 y el 20 de setiembre de 2016 y terminó con un decreto de Corral que alquiló la propiedad por dos años, a razón de 50.000 pesos mensuales el primero y 65.000 en el segundo. Después, hubo otra una renovación en 2019.

El juez Barbará coincidió con el fiscal Rodríguez en sospechar de un operativo “direccionado” por parte de Ortubia y Hoet. "Las acciones llevadas adelante” por ambos imputados apuntaban a “lograr la realización del contrato de locación”. Y consideró que otras propiedades que se habían ofrecido en el expediente eran “al sólo efecto de hacer lucir como la más beneficiosa” a la casa de Álvaro González.

Las pruebas acreditan la “intervención” de Ortubia y Hoet “en los hechos” –dijo Barbará-. La “acción” de ambos fue el “punto de partida” para seleccionar el inmueble de calle Moreno al 2400 como comando de la Gendarmería en Santa Fe. “Las pruebas implican un serio aporte a la imputación” que planteó el fiscal y propuso a la Sala que revoque la resolución de Bailaque y la falta de mérito de Hoet y Ortubia por los dos cargos: el supuesto “fraude” e “incumplimiento de deberes”. Y cerró con ese párrafo que Álvaro González, Corral y Bullrich –a quien no mencionó por su nombre- forman en la misma fuerza política que gobernaba Santa Fe y el país.

La jueza Elida Vidal coincidió con Barbará en revocar la falta de mérito de Hoet y Ortubia por el supuesto “incumplimiento de deberes”. Pero en el caso del “delito de fraude”, entendió que “en el actual estado de la investigación, no podemos concluir que efectivamente existiera un perjuicio económico” para las arcas públicas. A su juicio, “no surge a prima facie, que el monto del alquiler resultó excesivo o que no era acorde a los valores que se manejaban en el mercado inmobiliario de la época”. Por lo tanto, propuso ratificar la falta de mérito de los imputados por el segundo cargo. El juez Toledo adhirió al voto de Vidal y la sala resolvió entonces por mayoría: “confirmar la resolución de Bailaque del 9 de junio de 2021, revocándola en cuanto dispuso la falta de mérito de Ortubia y Hoet en relación al delito previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal”, por “incumplimiento de deberes”. Una decisión inentendible. 

fuente pagina 12 

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