Monitoreo social santafesino de acceso a los cuidados en Salud Sexual Informe preliminar Antecedentes. MultiPalabras es una alianza de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras. Somos militantes feministas que luchamos por la garantía de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, en tanto derechos humanos. Las dos organizaciones que habitamos integran la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y -desde ese lugar- fuimos parte del activismo y de la incidencia política federal, transversal y plural para que el derecho al aborto se convierta en ley en nuestro país. Desde el centro norte de la provincia de Santa Fe hicimos nuestro aporte y en esa historia se inscribe este Monitoreo social santafesino de acceso a los cuidados en salud sexual. A través de un breve repaso de los últimos años podemos mencionar algunos momentos de importancia para comprender el presente. En 1985 el Estado argentino reconoció los derechos reproductivos y a los derechos sexuales como derechos humanos mediante la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 1994, durante la Reforma de la Constitución Nacional, resistimos a los sectores conservadores que querían incluir en la Carta Magna la existencia de la persona humana desde la concepción. En esa reforma, además, los derechos sexuales adquirieron rango constitucional a través de la incorporación del artículo 75 inciso 22. Más tarde, nos encontramos luchando por leyes de salud sexual a nivel nacional y provincial; estas normas se sancionaron en 2002 y 2001 respectivamente. La ley de Salud Sexual y Procreación Responsable establece la creación del Programa homónimo, que se ocupa de la provisión de métodos anticonceptivos en los centros de salud. Vale destacar que, antes y en los años inmediatamente posteriores a la sanción de esta norma, desde el movimiento de mujeres distribuímos anticonceptivos en los barrios populares a través de compras autogestionadas. Teníamos el compromiso militante de facilitar el acceso a la salud sexual mientras el Estado nacional gestionaba sus primeras políticas públicas con el nuevo marco legal. De esos tiempos data la articulación con profesionales de la salud comprometidos con la perspectiva de género y de derechos al momento de brindar atención. De esa época también data la conformación del Consorcio Nacional de Monitoreo de Derechos Sexuales y Reproductivos (ConDerS), una experiencia federal de monitoreo en políticas de salud sexual que permitieron conocer el estado de situación en los diversos territorios del país. En 2005 se presenta la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: una experiencia inédita de articulación política plural sostenida en el tiempo con el objetivo de conquistar una ley que reconociera el derecho al aborto voluntario. Fuimos parte de esa red desde sus inicios. En 2007 falleció en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe Ana María Acevedo luego de que se le negara el tratamiento oncológico que requería por estar embarazada. A la joven, de 19 años y madre de tres hijos, no solo le restringieron el acceso a la salud sino también la posibilidad de decidir: cuando solicitó el aborto terapéutico que le correspondía por la entonces vigente (artículo 86 del Código Penal) también fue desoída. Esto significó para nosotras la muestra cabal de lo que veníamos afirmando: el propio Estado se negaba a garantizar los abortos que entonces eran legales y por eso era necesario seguir articulando estrategias para sensibilizar a los equipos de salud y a la sociedad en general acerca de la autonomía de las personas como base fundamental para el acceso a la salud. Con ese fin, participamos -en tanto organizaciones de la sociedad civil- del Consejo Asesor del Programa de Procreación Responsable de la provincia (creado por la Ley 11.888). También fuimos invitadas a los Colegiados en Salud Sexual y Reproductiva, una experiencia que reunía a los equipos de salud con el fin de compartir conocimientos y experiencias acerca de la garantía de los derechos sexuales. Mientras el Estado, en sus distintos niveles, avanzaba con diferentes manifestaciones acerca de este derecho (la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en 2009, los protocolos ministeriales de atención sanitaria de abortos a partir de 2007, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, entre otros), desde las organizaciones generábamos instancias de diálogo permanente con las y los decisores del Estado. En esas acciones de incidencia política y de pedagogía acerca de lo que requeríamos las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en términos de salud sexual, los monitoreos y seguimientos que se realizaron sobre la atención estatal en ese aspecto jugaron un rol fundamental. La salud, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no es meramente la ausencia de enfermedades. Es un concepto que debe ser pensado integralmente. Por eso, cuando decimos “salud” aludimos a la salud física, mental y social. Desde esa perspectiva, entendemos que no hay salud posible sin la garantía de derechos básicos. La sanción de la Ley 27.610 fue un hito que reconoció la autonomía de las personas para decidir la interrupción de un embarazo y esa conquista histórica, de la que fuimos parte, nos impulsó a hacer el presente relevamiento. Nuestro objetivo fue indagar de qué manera el Estado -en tanto garante de los derechos humanosestaba proporcionando los cuidados en materia de salud sexual en el marco de las leyes vigentes (de Salud Sexual y Procreación Responsable, de Educación Sexual Integral, de Anticoncepción Quirúrgica, de Identidad de Género, de Derechos del Paciente y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otras). Nos resultó relevante escuchar a quienes trabajan en los efectores públicos, pero también a las mujeres y disidencias sexuales que asisten a ellos. También nos pareció estratégico que este monitoreo contribuya a fortalecer las redes feministas de la región, por eso las encuestas que se realizaron en el marco de este estudio fueron hechas por activistas de organizaciones que en los 11 departamentos que analizamos luchan por la igualdad de género. Desde el movimiento de mujeres y disidencias sexuales tenemos un compromiso claro con demandar al Estado el cumplimiento de nuestros derechos, porque son derechos humanos. Esa es la razón por la que militamos por la sanción de leyes, participamos de espacios mixtos entre la sociedad civil y los sectores estatales, brindamos nuestra visión para el desarrollo de políticas públicas y las monitoreamos para saber cómo impactan los avances legales en territorio. Se trata de una tarea desinteresada, comprometida con la comunidad y con el fortalecimiento de una cultura democrática donde la ciudadanía se apropie cada vez más de los derechos que posee. Multipalabras Multisectorial de Mujeres de Santa Fe Asociación Civil Palabras Mayo de 2022