La iniciativa incluye la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.

En ese sentido, se incorporarán todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.

Las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en esta ley deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas.

En ese sentido, se aclara que están obligados a brindar cobertura como prestación obligatoria las obras sociales, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados.

El proyecto también aclara que se define como violencia de género la problemática sociosanitaria que deriva de lo establecido en la ley de Protección Integral a las Mujeres.

La titular de la Banca de la Mujer, la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo, dijo que “el objetivo del proyecto es interesante porque lo que busca es generar dentro del PMO un protocolo de abordaje integral y universal de las violencias de género”.

“Lo que se busca hacer es ordenar y compilar las prácticas ya existentes. Este proyecto no tiene impacto económico. Su fin específico no es solo acompañar a las víctimas de violencia de género, sino prevenir las prácticas de violencia contra las mujeres”, explicó.

La representante de Córdoba Federal, Alejandra Vigo, insistió en que “este programa no tiene gastos y sólo requiere que las prestaciones que se necesitan estén incluidas en programa específico para víctimas en situación de violencia”.

“Sólo hay que coordinarlas en un protocolo de actuación”, graficó Vigo durante el debate.

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