La esperada sentencia de La Haya en el caso Gambia contra Myanmar representa una importante victoria para Gambia, la pequeña nación de África occidental que presentó una denuncia ante el tribunal contra Myanmar en 2019. También supone un momento crucial para que los líderes militares de Myanmar rindan cuentas.
Pero como experta en la prevención del genocidio y las atrocidades masivas, creo que el fallo trasciende con creces a estas naciones. De hecho, también representa un hito para la justicia jurídica internacional que sin duda tendrá importantes repercusiones en otros casos de genocidio que la Corte está tramitando, en particular el caso de Sudáfrica contra Israel .
Un grupo de niños se encuentra detrás de una verja cerrada con candado.
Refugiados rohingya observan el fallo de la Corte Internacional de Justicia en una pantalla en un campamento en Cox's Bazar, Bangladesh, el 19 de noviembre de 2026. Salahuddin Ahmed/AFP vía Getty Images
Lo que dictaminó el tribunal
El caso de Gambia se centró en las acciones que el gobierno militar de Myanmar denominó "operaciones de limpieza" en el marco de su violenta persecución, que duró décadas, contra la minoría musulmana rohingya del país .
El Tatmadaw , como se conoce al ejército de Myanmar, justificó estas acciones como una operación de contrainsurgencia. Sin embargo, durante esos ataques, se descubrió que los soldados destruyeron cientos de aldeas rohingya y cometieron violaciones, torturas y ejecuciones sumarias generalizadas.
Aunque es posible que nunca se conozca la cifra exacta de muertos en los ataques de 2017, se estima que al menos 10 000 civiles rohingya fallecieron y que aproximadamente 750 000 rohingya huyeron al vecino Bangladesh. Allí se unieron a otros rohingya en lo que ahora es el mayor campo de refugiados del mundo, con más de 1,2 millones de personas, formado por quienes ya habían huido durante años de la persecución y los ataques del gobierno de Myanmar.
El fallo del tribunal, que dictaminó que los ataques del Tatmadaw constituían un genocidio, se basó en su interpretación del crimen de genocidio recogido en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 , el primer tratado internacional importante aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para que un ataque sea genocida, debe estar dirigido contra un grupo étnico, religioso, racial o nacional, y debe incluir al menos uno de los cinco actos prohibidos: matar a miembros de un grupo; infligir graves daños físicos o mentales a sus miembros; infligir deliberadamente condiciones calculadas para provocar su destrucción; imponer medidas destinadas a impedir nacimientos; o trasladar por la fuerza a niños fuera del grupo.
Más allá de estos requisitos fácticos, el genocidio exige que el perpetrador tuviera la intención específica de destruir al grupo, total o parcialmente, mediante estos actos.
En su fallo, el tribunal coincidió en que los hechos de los ataques de Myanmar se ajustaban a la definición legal de genocidio. Respecto al requisito, notoriamente difícil y exigente, de probar la " intención especial " de destruir a un grupo, el tribunal determinó que el patrón, la selección de objetivos y la letalidad de los ataques contra las aldeas rohingya no podían explicarse de manera plausible como una operación de contrainsurgencia.
En cambio, el tribunal determinó que la única conclusión razonable que podía extraerse de las acciones de los militares era la intención específica de destruir a la minoría étnica rohingya.
Una serie de primicias históricas
La decisión del tribunal no tiene precedentes en muchos aspectos importantes.
En un influyente fallo anterior sobre violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el caso Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro en 2007, el tribunal dictaminó únicamente que Serbia no había cumplido con su deber legal de prevenir el genocidio al no utilizar su influencia para contener al ejército serbobosnio en la masacre de Srebrenica de 1995 .
En el caso de Myanmar, por el contrario, el tribunal dictaminó por primera vez que un país es legalmente responsable de cometer genocidio, y no simplemente de no haberlo prevenido.
Además, el tribunal dictaminó por primera vez que un país que ha cometido genocidio también tiene múltiples obligaciones para con el grupo de víctimas. Estas incluyen diseñar e implementar un programa integral de reparaciones y compensación para las víctimas; crear las condiciones para que los rohingya puedan regresar a sus hogares de forma segura, voluntaria y digna; y la restitución de su ciudadanía después de que la legislación nacional de 1982 los dejara apátridas .
Varias personas vadean un río con un campamento al fondo.
Refugiados rohingya cruzan un río en Tambru, una zona neutral en la frontera entre Bangladesh y Myanmar. Majority World/Universal Images Group vía Getty Images
Finalmente, el tribunal también exigió que Myanmar tomara medidas para investigar a todos los implicados en el genocidio y determinar su responsabilidad penal individual. Dado que la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal penal y solo conoce de casos entre Estados, esta orden vincula explícitamente el fallo con otros tribunales donde los perpetradores individuales pueden rendir cuentas.
Entre ellos se encuentran la Corte Penal Internacional, que ya había solicitado una orden de arresto contra el líder del Tatmadaw, Min Aung Hlaing, así como los tribunales nacionales que pueden iniciar un proceso judicial de acuerdo con la doctrina de la jurisdicción universal.
Las implicaciones más amplias del fallo
Es probable que el fallo del tribunal en el caso Gambia contra Myanmar tenga enormes repercusiones que van mucho más allá del caso en sí.
Al presentar su demanda, Gambia recurrió a un argumento innovador para demostrar su legitimación procesal. Alegó el principio conocido como erga omnes partes, que se traduce aproximadamente como hacia todas las partes de un tratado. Según este razonamiento, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio impone obligaciones legales tan estrictas para prevenir y castigar el genocidio que cualquier Estado, incluso uno que no haya sufrido ningún daño directo, tiene la legitimación —de hecho, la obligación— de buscar reparación legal.
Al aceptar el enfoque de Gambia de erga omnes partes, el tribunal abrió un camino para otros casos centrados en violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. De estos, el más significativo es, sin duda, el caso en curso de Sudáfrica contra Israel , que acusa al gobierno y al ejército israelíes de cometer genocidio contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. En adelante, otras naciones también contarán con un instrumento legal para exigir responsabilidades a los Estados perpetradores por los crímenes internacionales más graves.
La Corte Internacional de Justicia carece de un órgano ejecutor. Por lo tanto, el gobierno de Myanmar no puede ser obligado a acatar sus fallos, ya sea para cesar los ataques o la persecución contra los rohinyá, para repatriarlos o para diseñar un plan integral de reparación y compensación.
Pero incluso si Myanmar decide ignorar las órdenes específicas del tribunal, el fallo representa una importante derrota. El daño a su reputación al ser el primer país declarado culpable de genocidio patrocinado por el Estado probablemente será considerable. Además, el fallo respaldará las afirmaciones de que otras naciones tienen el deber de no ayudar a Myanmar de ninguna manera que pueda apoyar o facilitar nuevos ataques contra los rohinyá.
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Si bien esto no implica automáticamente que otros países cumplan con sus obligaciones conforme al derecho internacional, es probable que muchos utilicen el fallo para reforzar los esfuerzos multilaterales por imponer costos políticos, económicos y sociales al Tatmadaw. Esto podría incluir sanciones económicas selectivas, restricciones financieras, prohibiciones de venta de armas y otras formas de cooperación con el gobierno de Myanmar. Por lo tanto, el fallo conlleva un precio potencialmente muy alto para la junta militar.
Dada la debilidad general de las instituciones jurídicas internacionales en los últimos 20 años, un Consejo de Seguridad de la ONU disfuncional y una Corte Penal Internacional asediada por la administración Trump , el fallo del tribunal representa una victoria excepcional para la justicia internacional y abre nuevas vías para los esfuerzos internacionales de prevención del genocidio y rendición de cuentas.
Pero, ante todo, también es una victoria para los rohingya, un pueblo que ha sufrido décadas de persecución.
Miles de personas se congregaron en sus campamentos de refugiados en Bangladesh para presenciar y aplaudir la lectura del fallo por parte del presidente del tribunal, el juez Iwasawa Yuji. Los habitantes de los campamentos alzaron pancartas y corearon un sencillo mensaje al conocerse el veredicto: Gracias, Gambia.or por the conversation
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Por Gustavo andres Lis orgulloso periodista independiente WHATSAPP3424344410
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