En una instancia anterior se les habían atribuido 11 delitos de estafa y se sumaron más hechos a la investigación, la cual se inició originalmente en 2024 a raíz de múltiples denuncias de clientes afectados por incumplimientos y maniobras comerciales irregulares en el local que la firma tenía sobre la avenida Facundo Zuviría al 6600, en la ciudad de Santa Fe.
Asimismo, trascendió que el perjuicio económico total estimado por los damnificados y las querellas ronda los 500 millones de pesos (o una cifra cercana a los 300.000 dólares), y que la Fiscalía de Delitos Complejos solicitó la prisión preventiva para ambos imputados debido al riesgo procesal y de entorpecimiento.
En una nueva audiencia imputativa realizada en la sede del anexo del Poder Judicial, la Fiscalía de Asuntos Complejos formalizó la atribución de nuevos delitos a Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi. Se trata de hechos vinculados a la causa Moderno House, bajo las figuras de estafas y asociación ilícita.
Según detalló la fiscal Jesica Bernard, en la audiencia se le atribuyeron a Néstor Gabriel Segovia y Camila Santos Ris diversos hechos de similar naturaleza a los que se venían investigando y que habían sido oportunamente imputados, incluyendo algunos hechos nuevos.
Mientras que en la instancia previa se habían atribuido 11 hechos de estafa, en esta jornada se sumaron seis en relación al imputado Segovia y cuatro en relación a la imputada Camila dos Santos Risi.
El modus operandi de Moderno House
Respecto a la modalidad empleada por la firma para concretar las maniobras, la fiscal explicó que la firma Moderno House se dedicaba a la venta a la fabricación de casas prefabricadas o casas industrializadas con modelos más o menos estandarizados. Según la investigación, la comercialización se realizaba mediante engaños: a través de distintas maniobras captaban a los clientes a quienes les generaban cierta información, ciertas ideas respecto a la contratación y que después finalmente no cumplían con eso que pactaban con los clientes.
Asimismo, Bernard precisó las irregularidades administrativas en las que operaba el comercio, señalando que no contaban con una habilitación municipal, tampoco con inscripción registral ante las autoridades, ante Arca o AFIP, con lo cual trabajaban de esa manera en un local comercial que alquilaban acá en la ciudad de Santa Fe.
Declaraciones, grados de participación y medidas cautelares
Durante la audiencia, hicieron uso de la palabra tanto los imputados en ejercicio de su defensa como las víctimas afectadas por los nuevos hechos. Sobre la responsabilidad individual de los acusados, la fiscal aclaró que a cada uno se le atribuyen los delitos según el grado de participación que ha tenido, en función de las evidencias que hemos podido recolectar desde el trabajo de la fiscalía.
Tras la imputación, se dio inicio a la primera parte de la Audiencia de Medidas Cautelares solicitada por el Ministerio Público de la Acusación. Luego de que la representación fiscal expusiera sus fundamentos, se dispuso un cuarto intermedio.
Por último, Bernard recordó la expectativa de pena estipulada para los delitos atribuidos: En relación a las escalas penales de los delitos atribuidos oscilan dependiendo el grado de participación en relación a la asociación ilícita, penas entre los 3 y 10 años para un miembro de Asociación Ilícita y para un organizador entre 5 a 10 años, en tanto que los delitos de estafa tienen una escala de entre un mes y 6 años de prisión.
.por lt10 y redaccion
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Por Gustavo andres Lis orgulloso periodista independiente WHATSAPP3424344410
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