El debate judicial llegó a una definición central respecto al destino de los millonarios desembolsos públicos que debían ser aplicados a la construcción de complejos habitacionales populares. A lo largo de la investigación, el tribunal evaluó la ruta del dinero y las responsabilidades funcionales en la administración de dichos fondos, culminando en un pronunciamiento que dividió las situaciones procesales de los acusados.
Por un lado, los jueces determinaron por mayoría la absolución del exministro Julio De Vido, al entender que las pruebas ventiladas en las audiencias no alcanzaron el estándar necesario para acreditar su participación punible en los hechos juzgados. Esta decisión lo desvinculó formalmente de las condenas dictadas en el tramo final del expediente.
En contrapartida, el tribunal encontró culpable del delito de administración fraudulenta al exsecretario de Obras Públicas, a Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. A todos ellos se les impusieron penas privativas de la libertad de cumplimiento condicional, ya que los montos sancionatorios fijados se ubicaron por debajo del límite de los tres años. Como resultado de esta calificación legal, los condenados no cumplirán arresto efectivo en lo inmediato, quedando en libertad a la espera de que la resolución adquiera firmeza y se conozca la totalidad de los fundamentos técnicos que redactarán los magistrados.
Para sumar al panorama sobre los hermanos Sergio y Pablo Schoklender tras el reciente veredicto, se puede agregar que ambos se han mantenido fuertemente críticos frente al proceso judicial y las decisiones del Tribunal Oral Federal 5.
Tras conocerse la sentencia que los halló penalmente responsables por administración fraudulenta en la causa de viviendas sociales, Sergio Schoklender rechazó enfáticamente las acusaciones y calificó la resolución como una sanción de carácter simbólico, insistiendo públicamente en que las obras comprometidas se realizaron y que los fondos no fueron desviados. Asimismo, ambos hermanos cuestionaron los plazos y la continuidad del proceso —cuyos fundamentos completos se darán a conocer en noviembre—, remarcando que planean seguir apelando las medidas ante las instancias superiores de Casación y la Corte Suprema mientras permanecen en libertad condicional debido a que las penas dictadas no superan los tres años de prisión.
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