TRASCENDENTE
27 de abril de 2026
MULTAS POR AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SANTA FE
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe ha iniciado un proceso administrativo y patrimonial pionero para recuperar los costos derivados de los operativos policiales y de seguridad activados ante falsas amenazas en escuelas.
Esta medida, liderada por el ministro Pablo Cococcioni, busca responsabilizar económicamente a los adultos a cargo de los menores identificados como autores de estos hechos, en una acción de resarcimiento civil por daños a la administración pública.
Procedimiento y Notificaciones
El procedimiento administrativo contempla la identificación sistemática de los adultos responsables y la posterior emisión de intimaciones de pago por los costos calculados de cada intervención. La base estimada inicial de estos costos parte de entre 5 y 6 millones de pesos, incrementándose de acuerdo con el despliegue operativo específico que haya requerido cada caso, incluyendo combustible, horas de servicio del personal, vehículos especializados y brigadas de explosivos.
Hasta la fecha, las autoridades provinciales han identificado a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a más de 70 personas. Se ha procedido a enviar las primeras notificaciones, estableciendo plazos de cinco días para el pago voluntario de la deuda. Una vez vencido este término sin que se haya realizado el pago, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de Estado para la ejecución de la deuda civil, lo que puede conllevar embargos e inhibiciones de bienes.
El Primer Caso y Estimaciones Totales
El lunes 27 de abril de 2026, se entregó la primera notificación formal en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor de edad identificado como autor de una de estas amenazas.
El monto exacto de esta primera intimación asciende a 6.024.944 pesos, suma que los progenitores deberán abonar como responsables solidarios. Durante el operativo de notificación, se registró la reacción de uno de los padres ante el elevado monto.
Basado en los 58 hechos identificados hasta el momento y la cantidad de responsables involucrados, el Ministerio de Justicia y Seguridad estima que el monto total a reclamar superará los 250 millones de pesos.
Esta cifra es considerada inicial y se espera que aumente a medida que la Fiscalía valide nuevas identidades de autores y la administración provincial emita las intimaciones correspondientes.
El ministro Cococcioni ha subrayado que esta acción no constituye una multa ni una pena en el ámbito penal, sino una indemnización civil por los costos operativos exactos que estas falsas amenazas representan para el erario público y la sociedad santafesina.
Cifras que impactan en el presupuesto provincial
La magnitud del problema queda reflejada en las estadísticas oficiales: en apenas cinco días, entre el 16 y el 21 de abril, la provincia registró 158 intervenciones por amenazas escolares.
El Gobierno de Santa Fe detalló que cada uno de estos procedimientos tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo de los recursos humanos, logísticos y materiales que deban movilizarse (como brigadas de explosivos, patrulleros y personal médico).
El proceso de cobro
Identificación: Una vez detectado el origen de la amenaza, se conforma un expediente individual.
Cuantificación: Se calculan los gastos específicos del despliegue realizado.
Intimación: Se envía una notificación formal de pago a los adultos responsables con un plazo determinado.
Vía Judicial: Si no se abona el monto, la Fiscalía de Estado inicia acciones que pueden derivar en embargos por el capital original más intereses y costas legales.
Una política de resarcimiento, no solo de sanción
Desde el Gobierno Provincial enfatizan que estas acciones no son bromas, sino conductas que desvían recursos críticos de la prevención del delito real. Las autoridades aclararon que no se trata de una multa o sanción penal adicional, sino de un resarcimiento civil. Al ser una acción paralela, el Estado no necesita esperar una sentencia penal para exigir que los padres paguen lo que la provincia gastó por la conducta de sus hijos.
Finalmente, el Ejecutivo santafesino hizo un llamado urgente a la responsabilidad familiar, instando a los padres a concientizar a los jóvenes sobre las graves consecuencias económicas y legales que estas acciones generan para sus propios hogares y para toda la comunidad.
Por Gustavo andres Lis orgulloso periodista independiente WHATSAPP3424344410


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