El Gobierno de Santa Fe ha decidido pasar a la ofensiva frente a la ola de intimidaciones que afecta a los establecimientos educativos. A través de una directiva oficial, la administración provincial puso en marcha el mecanismo para que los adultos responsables de los menores que realizan estas llamadas asuman el costo económico que cada operativo le genera a las arcas públicas.

Una directiva firme contra el despliegue innecesario
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dictó la Directiva N° 05/2026, instruyendo a la Subsecretaría Legal y Técnica a iniciar de forma inmediata las acciones administrativas y judiciales. Bajo la coordinación de la Fiscalía de Estado, el objetivo primordial es el resarcimiento de los gastos ocasionados al Estado santafesino.

Gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya se han identificado a varios responsables, quienes en su totalidad son menores de edad. Esto activa el protocolo vigente que traslada la responsabilidad financiera directamente a sus padres o tutores.

Cifras que impactan en el presupuesto provincial
La magnitud del problema queda reflejada en las estadísticas oficiales: en apenas cinco días, entre el 16 y el 21 de abril, la provincia registró 158 intervenciones por amenazas escolares.

El Gobierno de Santa Fe detalló que cada uno de estos procedimientos tiene un costo base de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo de los recursos humanos, logísticos y materiales que deban movilizarse (como brigadas de explosivos, patrulleros y personal médico).

El proceso de cobro
Identificación: Una vez detectado el origen de la amenaza, se conforma un expediente individual.

Cuantificación: Se calculan los gastos específicos del despliegue realizado.

Intimación: Se envía una notificación formal de pago a los adultos responsables con un plazo determinado.

Vía Judicial: Si no se abona el monto, la Fiscalía de Estado inicia acciones que pueden derivar en embargos por el capital original más intereses y costas legales.

Una política de resarcimiento, no solo de sanción
Desde el Gobierno Provincial enfatizan que estas acciones no son bromas, sino conductas que desvían recursos críticos de la prevención del delito real. Las autoridades aclararon que no se trata de una multa o sanción penal adicional, sino de un resarcimiento civil. Al ser una acción paralela, el Estado no necesita esperar una sentencia penal para exigir que los padres paguen lo que la provincia gastó por la conducta de sus hijos.

Finalmente, el Ejecutivo santafesino hizo un llamado urgente a la responsabilidad familiar, instando a los padres a concientizar a los jóvenes sobre las graves consecuencias económicas y legales que estas acciones generan para sus propios hogares y para toda la comunidad.

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Por Gustavo andres Lis orgulloso periodista independiente WHATSAPP3424344410

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