La difusión de audios atribuidos a dos diputados del oficialismo en Bolivia ha generado polémica por la presunta injerencia en la asignación de puestos de trabajo, con denuncias de tráfico de influencias, cuestionamientos sobre su influencia en la administración pública y pedidos de renuncia.
Las grabaciones involucran a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, ambos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y a Daniela Quiroga, quien hasta finales de octubre dirigía la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), una institución estatal dependiente del Ministerio de Salud, que gestiona proyectos de infraestructura y equipamiento hospitalario.
El primer audio que se hizo público corresponde a una presunta conversación telefónica entre Bilbao y Quiroga, en la que la legisladora reclama, casi a los gritos, la exclusión de personas que había recomendado para ocupar puestos en la institución. En el registro, Bilbao amenaza con recurrir a mecanismos de fiscalización si no se atienden sus solicitudes. "¿Te estás haciendo la burla o Recursos (Humanos) te está engañando?", se escucha decir a la diputada, quien también advierte con pedir la salida responsable de las contrataciones y llevar el asunto ante la ministra de Salud.
Más tarde se difundió otra grabación, atribuida al diputado Medinaceli, en la que éste le reclama por una designación de personal que no se habría concretado como supuestamente acordaron. "Daniela, ¿quieres seguir trabajando o no? No entiendo. Porque nos estás generando problemas", se escucha decir al legislador, quien también le pide acudir a una reunión con él en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano. "Antes de (tu reunión con) Economía, ven a la Casa del Pueblo", finaliza el audio.
En ambas grabaciones, Quiroga responde que necesita personal capacitado y que no puede incorporar a gente que no cumpla los requisitos profesionales para desempeñar sus funciones. "No le da el currículum", dice en referencia a una de las personas recomendadas que posteriormente, tras la salida de Quiroga, fue contratada en esa entidad.
Ambos legisladores admitieron haber sostenido esas conversaciones con Quiroga, pero sostuvieron que los audios fueron editados y presentados fuera de contexto.
Días después de la controversia, Quiroga aseguró que las presiones no se limitaron a Bilbao y Medinaceli, sino que también se extendieron al jefe de bancada del PDC, Óscar García. La exdirectora afirmó que soportó al menos tres meses de presiones durante los siete meses que estuvo al frente de la Aisem.
En medio del escándalo y pedidos de rendición de cuentas sobre estas acusaciones, la ministra de Salud, Marcela Flores, evitó pronunciarse sobre los audios. Lejos de mostrar interés por esclarecer las denuncias, señaló que "a Dios gracias" no había escuchado las grabaciones porque no tiene redes sociales. En un contacto con los medios bolivianos, Flores indicó que Aisem es una entidad con autonomía administrativa, financiera y legal, e instó a quienes tengan denuncias a presentarlas ante las instancias correspondientes.
En tanto, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió que las acusaciones sean formalizadas y evitó valorar el contenido de las grabaciones. "Este Gobierno no le debe cuotas a nadie", afirmó Gálvez, tratando de marcar distancia con las prácticas de distribución de cargos por afinidad política.
Hasta la publicación de esta nota, el presidente Rodrigo Paz no se había pronunciado públicamente sobre el caso, pese a que involucra a una institución del Ejecutivo y a que la reunión a la que Medinaceli convocó a Quiroga tuvo lugar en la casa de gobierno.
Entre tanto, la controversia llegó a instancias legislativas y judiciales. Un exparlamentario presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados contra Bilbao y Medinaceli por presunto uso indebido de influencias, amenazas y extorsión, y solicitó que el caso sea remitido a la Comisión de Ética. También se realizaron acciones ante el Ministerio Público y pedidos de renuncia de los legisladores cuestionados.
El caso también ha generado críticas por la intervención de intereses políticos en la administración pública. Para la socióloga y politóloga María Teresa Zegada, las grabaciones reflejan un grave deterioro de la política boliviana y un proceso de mercantilización de la función pública, en el que los cargos, privilegios y favores se convierten en moneda de intercambio. "Hemos llegado a un punto de degradación de la política muy grave", afirmó en entrevista con el programa Sin Maquillaje de Mery Vaca, al señalar que estas prácticas no son nuevas, pero que ahora se manifiestan de una manera "grotesca".
Zegada advirtió que este tipo de actuaciones fomenta el patrimonialismo, entendido como la utilización de los bienes y recursos del Estado como si fueran propiedad privada de quienes ejercen el poder. Consideró que se trata de una práctica incompatible con la democracia y peligrosa para las instituciones, y alertó de que la falta de sanciones podría abrir la puerta a que este tipo de hechos se repitan. "Esto es inaceptable en democracia", afirmó.