Las tropas gubernamentales de Irak avanzaron este viernes sobre Jurf al-Sakher, el principal reducto de las milicias proiraníes de Kataeb Hezbollah, en lo que representa el desafío más directo del gobierno de Bagdad a los grupos armados respaldados por Teherán. La operación se concretó bajo un acuerdo de compromiso que, por ahora, evitó un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales e insurgentes.
El contingente desplegado incluye una unidad del ejército regular, policía federal, policía de energía y dos unidades del Hashed al-Shaabi (HAS), la alianza de facciones integrada formalmente a las fuerzas armadas iraquíes pero que, en su composición, incluye brigadas de grupos alineados con Irán. El portavoz de seguridad del gobierno, el teniente general Saad Maan, valoró ante la televisión estatal que hubo "muy buena cooperación" con las brigadas de Kataeb Hezbollah dentro del HAS, una declaración que subrayó el carácter pactado de la entrada.
La crisis tuvo su punto de inflexión a principios de semana, cuando el primer ministro Ali al-Zaidi fijó un plazo a Kataeb Hezbollah para retirarse de Jurf al-Sakher. El gobierno alegó que una investigación judicial había confirmado operaciones de contrabando de petróleo estatal en la zona, con investigaciones legislativas que identificaron, mediante imágenes térmicas, 25 camiones cisterna con 36.000 litros de combustible cada uno. Zaidi ordenó la destitución de nueve funcionarios en la gobernación de Babil, entre ellos el jefe de la policía provincial y directivos de las agencias de seguridad, inteligencia y oleoductos.
La milicia rechazó las acusaciones con vehemencia. Un vocero de Kataeb Hezbollah calificó las alegaciones de "mentiras fabricadas" y denunció que el gobierno intentaba ejecutar "la mayor operación de extorsión para obligarla a abandonar sus armas". El martes, el portavoz militar del grupo, Jaafar al-Husseini, adoptó un tono más moderado y señaló que las diferencias con el gobierno "se resolverán por canales privados". Una fuente de la organización fue más elocuente con AFP: su grupo "le dio al gobierno una salida del predicamento que él mismo creó", aunque insistió en que Kataeb Hezbolá no abandonará la zona.
Un elemento central en la distensión fue la llegada inesperada a Bagdad del general Esmail Qaani, jefe del ala exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Qaani se reunió con el primer ministro Zaidi y con el liderazgo de Kataeb Hezbollah, según confirmaron tres fuentes iraquíes a AFP, dos de ellas pertenecientes a facciones respaldadas por Teherán. Dos de esas fuentes indicaron que el general iraní aseguró una ventana de un mes para resolver la disputa sin llegar a un choque abierto.
El secretario general de la milicia, Abu Hussein al-Hamidawi, también se reunió con el jefe de la organización Badr, Hadi al-Amiri, otra milicia proiraní de peso en el país, en gestiones descritas por los participantes como de resultado "positivo". La participación de figuras de tan alto rango reflejó la gravedad que los actores regionales asignaron a un eventual enfrentamiento.
La disputa por este territorio tiene raíces profundas. Kataeb Hezbollah controla Jurf al-Sakher desde hace más de una década, luego de haber contribuido a su recuperación frente al grupo Estado Islámico (EI). La zona, conocida también como Jurf al-Nasr, es una extensa franja de aldeas deshabitadas y tierras agrícolas convertida en un complejo militarizado. Se cree que alberga bases, depósitos de armamento y talleres de producción de cohetes y drones. Su valor estratégico radica en la proximidad simultánea a Bagdad y a la ciudad santa chií de Karbala.
El área fue blanco del primer ataque en Irak atribuido a Estados Unidos durante la guerra regional que estalló a fines de febrero de 2026, según datos difundidos por la propia milicia.
La operación del viernes se enmarca en la presión creciente que Washington ejerce sobre Bagdad para desmantelar las estructuras de poder de los grupos respaldados por Irán, a los que el gobierno de Estados Unidos clasifica como organizaciones terroristas. Zaidi, que asumió a comienzos de este año con el respaldo estadounidense, se comprometió desde su llegada al cargo a desarmar a las facciones irregulares para mediados de 2027, una promesa que tensó de forma sostenida su relación con Teherán.
Estados Unidos acusa a Irán de utilizar la economía iraquí para evadir sanciones internacionales y ha sancionado previamente a individuos en Irak por mezclar petróleo iraquí con petróleo iraní. Políticos iraquíes advirtieron antes a AFP que Teherán nunca permitirá que sus grupos aliados entreguen las armas mientras persista el riesgo de una guerra en la región.
Con fuerzas estatales ya dentro de Jurf al-Sakher y un plazo de un mes para definir el acuerdo definitivo, el gobierno de Zaidi enfrenta ahora la parte más delicada de la negociación: convertir la entrada simbólica en un reordenamiento real de los poderes armados del país.