La audiencia de este miércoles en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo dos momentos fuera de la rutina de los testimonios: la aparición en la sala del abogado José Fernández Codazzi ?ex defensor de Laudelina Peña?, a quien las autoridades le pidieron que se retirara; y el careo entre María Victoria Caillava y un cabo de la Policía Federal Argentina.
El contrapunto entre Caillava y el cabo Cristian Espina se produjo luego de una diferencia en la declaración del policía. El efectivo, que trabajaba en junio de 2024 en la Oficina de Inteligencia Criminal de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Operativa Federal Goya, había dicho inicialmente que no conocía a la acusada. Más tarde, ante nuevas preguntas de la defensa, señaló que no la recordaba.
Ante esa situación, y tras el pedido del abogado de Caillava ?Ernesto González?, el juez Eduardo Ariel Belforte dispuso el careo.
En ese contexto, Caillava afirmó que Espina había ido a su casa de 9 de Julio varias semanas antes de la desaparición de Loan. "Quiero que quede en claro que sí me conocés, que fuiste en una moto", le dijo la imputada, quien aseguró que el policía llegó al domicilio durante la noche junto a otro agente, ambos vestidos de civil y a bordo de motos 110.
Según el relato de la ex funcionaria municipal, ese encuentro ocurrió entre 40 y 50 días antes de la desaparición del niño. Dijo que hizo pasar a los dos efectivos al comedor de su casa y que su marido ?el imputado Carlos Pérez? no se enteró de la visita.
Espina sostuvo que había tenido contacto con muchas personas de 9 de Julio, incluso por mensajería, porque reunía datos para una investigación que llevaba adelante junto a Prefectura Naval Argentina. "Me he reunido con infinidad de gente", dijo. En esa línea, reiteró que no recordaba haber estado en la vivienda de Caillava.
El policía negó además que hubiera viajado en moto desde Goya hasta 9 de Julio. "Hay casi 100 kilómetros", respondió. También afirmó que en sus ocho años de trabajo en Inteligencia Criminal nunca incorporó a una persona como informante.
La defensa de Caillava tenía especial interés en demostrar esta reunión debido a que busca sostener que la acusada colaboraba con fuerzas federales al aportar información sobre narcomenudeo en 9 de Julio. Bajo esa línea, planteó que su vinculación con el caso Loan podría obedecer a una represalia.
El careo finalizó sin que ninguno modificara su postura.
Además de Espina, este miércoles declararon Bruno Lovinson, jefe de Defensa Civil de Corrientes y titular del Centro Operativo de Emergencias; la psicóloga forense Julia Soledad Bladilo; el funcionario judicial, Armando Dalmacio Insaurralde; el entonces aspirante a cabo Juan Carlos Monteros; la policía Daniela Soledad Segovia; la propietaria del campo donde apareció el botín de Loan, Laura Carlota Eliacopoulos; el testigo de actuación en allanamientos, Marcelo Javier Quintana, y el sargento Juan Amílcar López, quien participó de rastrillajes y de medidas en domicilios de imputados.
La otra situación que concentró la atención de la jornada ocurrió durante la mañana, cuando José Alejandro Fernández Codazzi ingresó a la sala del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el debate, y se ubicó en el sector destinado al público y la prensa.
Al advertir su presencia, las autoridades del Tribunal Oral Federal de Corrientes le solicitaron que abandonara ese espacio. El abogado acató la orden y se retiró sin objeciones.
Codazzi había sido propuesto como testigo por Mónica Chirivín, defensora de Laudelina Peña. Sin embargo, la letrada desistió luego de esa declaración. Al margen de ello, su nombre continúa mencionado en el expediente por su intervención en un episodio ocurrido en los primeros días de la investigación.
En junio de 2024, Laudelina declaró ante la Justicia provincial que Loan había sido atropellado por la camioneta de Pérez y Caillava. Más tarde, la tía del niño reconoció que esa versión era falsa y sostuvo que Codazzi la había presionado para que mantuviera esa hipótesis.
La aparición pública de Codazzi también cobró relevancia porque fue la primera después de haber sido condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa, vinculada con la sustracción de un niño de seis años en Corrientes.
En ese expediente, el tribunal consideró que había ayudado a ocultar información tras un ataque contra el padre del menor. La sentencia fue a fines de octubre y el abogado se encuentra en libertad porque todavía no quedó firme.