"No hay plata" fue el lema que el presidente Javier Milei repitió durante los primeros meses de gestión para explicar el ajuste de las cuentas públicas. Ahora, esa premisa se trasladó a la estrategia para impulsar la actividad: el equipo económico no puede y asegura que tampoco busca aplicar un "plan platita" de cara a las elecciones del próximo año, cuando buscará sostener la reelección del modelo.
En ese difícil desafío está embarcado el ministro de Economía, Luis Caputo, que esta semana avanzó con una serie de medidas dirigidas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
El paquete combina financiamiento para créditos hipotecarios, cambios sobre los préstamos en dólares, beneficios fiscales para inversiones vinculadas con el ahorro de energía y una propuesta dirigida a las provincias para eliminar el impuesto a los sellos. El Gobierno ya recibió respuestas de algunas de ellas, no todas positivas ni de la magnitud esperada.
El plan de medidas arrancó en agosto con la flexibilización de los créditos en dólares. La medida buscó ampliar el financiamiento en moneda extranjera, pero los datos de noviembre mostraron una expansión menor a la esperada.
Según LCG, consultora de análisis económico, los préstamos en dólares sin tarjetas crecieron USD 288 millones durante octubre, cifra que quedó por debajo del promedio mensual de 2026, ubicado en USD 840 millones. El stock total alcanzó USD 25.597 millones.
Esa medida se complementó con las licitaciones de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para apuntalar el crédito para vivienda. Las entidades financieras mostraron interés, en especial por los depósitos de mayor duración. Ese resultado llevó al equipo económico a analizar la posibilidad de ofrecer plazos superiores a los cinco años en futuras colocaciones.
El Gobierno hizo hasta ahora dos licitaciones por $200.000 millones con fondos del FGS, que administra la Anses. El Banco Central participó como colaborador técnico y operativo en la primera convocatoria, que recibió 42 ofertas de 18 bancos por $258.640 millones.
La demanda por el tramo más extenso abrió una discusión en el equipo económico. El viceministro de Economía, José Luis Daza, explicó que el Gobierno evalúa alargar la duración de las próximas licitaciones, aunque todavía no tomó una decisión. "El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, pero es muy posible", afirmó Daza. La posibilidad surgió después de que las entidades financieras concentraron su interés en el segmento con vencimiento a cinco años.
El esquema actual incluyó alternativas a uno y cinco años. La evaluación oficial apunta a definir si las próximas licitaciones sumarán plazos mayores, a partir de la respuesta de los bancos en las dos convocatorias realizadas.
En la semana, durante la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Luis Caputo anunció una serie de medidas para aliviar la situación de las pyme frente al fisco nacional. Las cuales incluyen la suspensión de embargos hasta mayo de 2027, la inclusión de las deudas hasta octubre en el plan de pagos de 18 cuotas y la posibilidad de computar el 100% de los saldos a favor en impuestos aduaneros.
Además, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aprobó el listado de bienes de alta eficiencia energética que podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La decisión quedó establecida mediante la Resolución SE N° 311/2026.
La norma alcanza a inversiones que busquen optimizar, recuperar o reducir el consumo de energía dentro de las unidades de producción. Con esa reglamentación, el Gobierno completó las disposiciones vinculadas con las inversiones energéticas previstas en el régimen.
Antes de esta resolución, el RIMI ya contemplaba beneficios para bienes destinados a la generación, el almacenamiento y el transporte de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La nueva lista incorporó equipos de alta eficiencia energética para procesos productivos.
Las micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en esos bienes durante los primeros dos años de vigencia del régimen podrán acceder a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y a la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Pero en el evento de la entidad industrial, Luis Caputo llevó una propuesta a los gobernadores: eliminar el Impuesto a los Sellos, que recaudan las provincias. El ministro planteó que el Gobierno nacional compensaría el 50% de los recursos que los distritos dejen de percibir por esa decisión. Según pudo saber Infobae, el equipo económico presentará la iniciativa ante los mandatarios subnacionales y luego cada jurisdicción resolverá si adhiere o no.
Algunos gobernadores expresaron en público su malestar por la forma en que el ministro presentó la iniciativa. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó el mecanismo de discusión y pidió una conversación más amplia sobre el esquema tributario.
"Y con respecto al acuerdo fiscal hay que sentarse seriamente y no tirar una consigna y después venir a preguntarnos qué opinamos nosotros sobre la consigna que ya tiraste a la prensa", afirmó Llaryora.
El gobernador cordobés también cuestionó que la discusión se limitara al Impuesto a los Sellos. "Porque yo te digo hoy que si tiramos la baja de sellos, tírame la baja del impuesto a los débitos y créditos bancarios y ya está, tiremos todo lo que no coparticipás tampoco y de paso hagamos una reforma en serio", agregó.
La propuesta oficial incluyó una compensación equivalente a la mitad de la merma de ingresos que sufrirían las provincias por la eliminación del tributo.
