Paraguay atraviesa un verdadero terremoto social, económico y político. El martes pasado el Banco Central (BCP) ordenó el cierre de Ueno Bank, lo que dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de clientes y comprometió recursos públicos y jubilatorios nacionales. La crisis adquirió una dimensión institucional cuando Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, anunció el jueves por la mañana el respaldo de su sector al pedido de juicio político contra Santiago Peña, a quien el propio Cartes promovió en las elecciones de 2023.
Este escándalo, sin precedentes en la historia reciente del país, provocó finalmente la destitución de Peña como presidente de la República y derivó en una causa penal que llevó a la Fiscalía a solicitar el arresto del ex jefe de Estado. Días antes habían sido aprehendidos directivos de la entidad financiera.
El caso excedió la situación patrimonial de una entidad financiera. Ueno Bank concentraba depósitos de particulares, recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), fondos de organismos estatales y una parte considerable de las transacciones electrónicas del país. A su vez, la investigación judicial puso bajo sospecha una red de créditos concedidos a empresas vinculadas con el grupo que controlaba el banco.
La crisis que se desató en cuestión de días alcanzó de forma directa al ex presidente Peña, quien tuvo acciones hasta el año pasado en Ueno Holding y mantuvo relaciones comerciales previas con compañías del Grupo Vázquez. Aunque el mandatario había informado en 2025 que se desprendió de esas participaciones, los cuestionamientos políticos se enfocaron en posibles conflictos de intereses, el papel del regulador financiero y las decisiones que facilitaron la expansión del conglomerado durante su gobierno.
La secuencia de hechos también agravó la fractura dentro de la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado.
Al principio de la semana, la junta directiva del Banco Central del Paraguay concluyó que Ueno Bank ya no cumplía con los niveles de solvencia necesarios para continuar sus operaciones. Según los datos del organismo oficial, el índice de la entidad había quedado por debajo del 50% del mínimo legal exigido para el funcionamiento de un banco.
La resolución del Central expuso una situación que se vino gestando -de forma absolutamente hermética- durante los últimos meses.
La Superintendencia de Bancos había detectado créditos y sobregiros por montos elevados a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, el conglomerado que controlaba la entidad. Varias de esas firmas carecían de garantías suficientes y de ingresos propios que les permitieran cancelar sus deudas.
El esquema bajo investigación incluía a sociedades como Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA y Satec SA. Los recursos que recibían circulaban luego hacia otras compañías del mismo grupo, entre ellas ITTI, Redisa, Redipro y Vinanzas SA. La Fiscalía sostiene que parte de esas transferencias se usó para aparentar el pago regular de obligaciones financieras, con movimientos contables que habrían superado 1,6 billones de guaraníes (257.000 dólares).
La situación del regulador sumó otro foco de cuestionamientos. Carlos Carvallo Spalding, entonces presidente del BCP, presentó su renuncia ante el Senado. Su trayectoria previa concentraba las críticas porque había dirigido Financiera Ueno antes de asumir al frente de la autoridad monetaria, cuando la empresa aún no operaba como banco.
Carvallo había encabezado la entidad durante un año y siete meses. Luego, tras la asunción de Peña en agosto de 2023, pasó a dirigir el BCP. En noviembre de ese mismo año, el organismo autorizó a Ueno a operar como banco. Esa sucesión de cargos se convirtió en uno de los elementos centrales de la controversia sobre las puertas giratorias entre el sector privado y el Estado.
Durante la madrugada del martes, el Banco Central comunicó el cierre de Ueno Bank. La decisión bloqueó el acceso a la aplicación de la entidad, las tarjetas, los cajeros automáticos y las sucursales. Miles de usuarios comenzaron a informar que no podían disponer de sus fondos ni realizar pagos cotidianos.
La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes, una cifra cercana a la mitad de la población paraguaya. También procesaba más de tres millones de operaciones diarias y tenía una participación relevante en las transacciones electrónicas de comercios. El corte de servicios afectó compras de alimentos, pagos de alquileres, transporte, salarios, matrículas universitarias y transferencias entre particulares, entre otras cuestiones.
La integrante del directorio del BCP Liana Caballero explicó que el cierre alcanzaba a todos los servicios de la entidad. Las autoridades señalaron que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) permitiría cubrir depósitos de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos USD 37.000 por persona. En paralelo, se anunció un pago inicial de hasta 10 millones de guaraníes (1.600 dólares) para los ahorristas mientras avanzara el mecanismo de restitución.
El impacto fue mayor porque el banco administraba recursos estatales. Entre los fondos inmovilizados figuraban aproximadamente USD 355 millones del Instituto de Previsión Social, que paga jubilaciones y presta servicios de salud a trabajadores paraguayos. Esos recursos representaban cerca del 9% de la cartera de inversiones del IPS y correspondían, entre otros instrumentos, a certificados de depósito y bonos financieros.
Las estimaciones sostiene que el volumen de recursos públicos comprometidos en la entidad asciende a entre USD 800 millones y USD 850 millones.
A partir de la tarde, comenzaron las movilizaciones en Asunción y otras ciudades. Los manifestantes se concentraron frente a sucursales y cajeros para exigir respuestas sobre sus depósitos. Hubo filas frente a oficinas cerradas en Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este. En Ñemby, por ejemplo, un usuario rompió el vidrio de una sucursal ante la falta de información sobre el destino de su dinero.
Ese mismo día, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra ocho directivos de la entidad tras una denuncia del BCP. Entre los principales investigados se encuentra Federico Miguel Vázquez, vicepresidente primero de Ueno y fundador del Grupo Vázquez.
La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó a 27 directivos y representantes empresariales por presunta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.
La acusación incluyó a los ocho primeros directivos investigados y a otros 19 representantes de empresas vinculadas. Para la Fiscalía, el centro del esquema era Federico Miguel Vázquez, quien reunía funciones de accionista mayoritario, vicepresidente del banco y controlador de compañías que recibieron préstamos de la propia entidad.
Según la imputación, el banco superó los límites legales para créditos otorgados a partes relacionadas y ocultó esa situación al supervisor. Cuando la Superintendencia de Bancos detectó el problema, Ueno habría vendido una cartera de USD 74,4 millones a Vinanzas SA, otra firma vinculada. Los investigadores sostienen que los recursos utilizados para esa operación provenían, en última instancia, del mismo banco.
La Fiscalía estima que restan por recuperar alrededor de USD 167 millones y 343.000 millones de guaraníes (55.000 dólares), con posibilidades limitadas de cobro. La Justicia dispuso embargos preventivos por USD 70 millones y 1,62 billones de guaraníes (260.000 dólares) sobre bienes de directivos y de las sociedades U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
Ese mismo día, mientras avanzaba la causa a pasos agigantados, el caso llegó al Congreso: diputados de la oposición presentaron un proyecto de juicio político contra Peña. El libelo acusatorio apuntó a sus antecedentes como accionista de Ueno Holding, al manejo de fondos del IPS y a los controles del BCP durante su administración. También incluyó cuestionamientos al vicepresidente Pedro Alliana.
En las calles de Asunción, la Policía reprimió a manifestantes con balines de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes en el marco de una protesta que reunió a ahorristas, trabajadores y ciudadanos que reclamaban por la pérdida de acceso a sus recursos.
Peña promulgó la Ley 7745, aprobada por el Congreso como respuesta de emergencia. La norma buscó acelerar el acceso de los depositantes a un anticipo de hasta 40 salarios mínimos mensuales a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Horas más tarde, el BCP designó a Pedro de Jesús Acosta para encabezar el directorio y recuperar la capacidad operativa del organismo.
La Cámara de Diputados inició el juicio político contra Peña a las 10.00 del jueves. Sin embargo, a las 13.30, el presidente, cercado hasta por su propio partido, presentó su renuncia antes de que avanzara la votación para destituirlo.
La dimisión no cerró el conflicto. El Senado debatió su aceptación, pero la posición favorable a continuar con el juicio político se impuso. Por ese motivo, Peña permaneció formalmente en el cargo mientras el proceso avanzaba en la Cámara Alta.
El pronunciamiento de Horacio Cartes profundizó el aislamiento del mandatario. El expresidente, líder de uno de los principales sectores del Partido Colorado y figura decisiva en la elección de Peña en 2023, respaldó el pedido de destitución. En un comunicado, el ex jefe de Estado sostuvo que su espacio no acompañaría el presunto despojo de recursos públicos, privados y jubilatorios.
El titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, también se expresó contra Peña. Otros referentes colorados, como Óscar "Cachito" Salomón y Mauricio Espínola, cuestionaron la continuidad del presidente y advirtieron sobre el costo electoral que el caso podía tener para el oficialismo de cara a 2028.
La jornada incluyó nuevas decisiones judiciales. Un juez ordenó la prisión preventiva de ocho directivos de Ueno Bank. La Fiscalía también recibió una denuncia de senadores opositores contra Peña y miembros del directorio del BCP. La senadora Esperanza Martínez pidió que se investigara al presidente y que se dispusiera el decomiso de bienes para recuperar fondos destinados a los ahorristas.
La denuncia incluyó a Carvallo Spalding y a otros responsables del organismo regulador. El planteo se apoyó en la relación previa entre funcionarios públicos, autoridades del banco y las empresas del Grupo Vázquez.
El Senado de Paraguay continuó el proceso de destitución contra Peña. La renuncia presentada el día anterior no había sido aceptada de forma definitiva, por lo que el ex mandatario seguía en funciones bajo la amenaza de una eventual remoción.
El ex presidente afirmó que se presentaría ante el Congreso para rendir cuentas, pero exigió 72 horas. El pedido no fue aceptado, la sesión continuó y sí contó co la participación por la tarde de los abogados del ex jefe de Estado.
La definición institucional se produjo mientras persistía la incertidumbre entre los clientes de Ueno Bank. El Fondo de Garantía de Depósitos permitiría cubrir a cerca del 97% de los depositantes, según las estimaciones oficiales, aunque unos 87.000 ahorristas quedarían fuera de la cobertura total por superar el límite establecido.
La crisis también abrió un frente laboral. El cierre del banco dejó en situación incierta a trabajadores de Ueno y de empresas vinculadas al Grupo Vázquez. El impacto llegó, por ejemplo, a la Argentina. ITTI, la firma tecnológica del grupo, tenía una sucursal con alrededor de 800 trabajadores contratados por Kaitel SRL. La falta de información sobre salarios, continuidad laboral e indemnizaciones sumó otra dimensión regional al caso.
Pasadas las 19, hora local, el Senado finalmente aprobó por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña, tras hallarlo culpable de mal desempeño por su vínculo con el colapso del banco digital Ueno, la entidad que desató la peor crisis financiera del país en más de una década. Posteriormente, una comisión bicameral del Congreso tomó juramento a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay, y el Ministerio Público ordenó la detención inmediata del destituido presidente.
La Justicia deberá determinar si los créditos a empresas vinculadas, la circulación de recursos dentro del conglomerado y la actuación de las autoridades regulatorias formaron parte de un esquema para sostener artificialmente a Ueno Bank. El resultado de esa causa definirá la eventual responsabilidad penal de los directivos y podría ampliar las consecuencias jurídicas sobre Peña, funcionarios del BCP y otros actores involucrados en la expansión del grupo.
