El gobierno argentino se prepara para defender ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar su reclamo por la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas en las audiencias previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre. Según informó la Oficina del Presidente, la comitiva nacional que viajará a la sede en Hamburgo, Alemania, será encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy.
El procedimiento se enmarca en la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion, que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration planean desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte, con perforaciones previstas para 2027 y producción comercial en 2028. No se discute sobre la soberanía de las islas, el reclamo puntual radica en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Además de Ibarzabal Murphy, la representación también estará a cargo del embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que actúa como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente. Esta última designación responde a una lógica geográfica e institucional: Berlín, desde donde coordina el vínculo bilateral, se encuentra a menos de 300 kilómetros de Hamburgo, sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Oyarzábal es uno de los juristas internacionales más experimentados del Servicio Exterior. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ONU) y fue agente del país en casos previos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el propio tribunal de Hamburgo. Fue además quien lideró la elaboración del escrito con el que el Gobierno inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convemar.
Pasquali de Fonseca, primera mujer en representar a Argentina ante Alemania, egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con medalla de oro y el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática. A lo largo de su carrera ocupó destinos en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, y realizó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Freiburg.
La delegación se completa con Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. Las audiencias coinciden con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, lo que explica que la comitiva esté integrada por cuadros técnicos y no por funcionarios de primera línea.
Además, y según se informó, el país tendrá un grupo de asesores externos: Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, es una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
La presentación fue elaborada en conjunto por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.
Los pedidos centrales ante el TIDM son cuatro: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia. La razón fundamental es que la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona en disputa produciría un daño irreparable e irreversible a los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.
Según el cronograma establecido por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 horas (hora de Hamburgo). La representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. El miércoles 11, Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.
Argentina cuenta con una representante propia entre los 21 magistrados del tribunal: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado.
El Reino Unido, en tanto, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, participará de las deliberaciones junto a los 21 jueces permanentes.
Una resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año, según fuentes diplomáticas. El plazo habitual ronda entre dos y cuatro semanas desde el cierre de las audiencias; en el caso de la ARA Libertad, el tribunal tardó un mes desde la solicitud.
Los escenarios posibles que analiza el gobierno argentino son tres, aunque aseguran que ninguno de ellos "implicaría otorgarle validez legal a la explotación británica de los recursos en disputa". En el primero, el tribunal acepta el planteo argentino en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad: Londres ya se comprometió a acatar la orden resultante del TIDM, lo que paralizaría la explotación hidrocarburífera hasta la resolución del arbitraje.
En el segundo, el tribunal acoge parcialmente los argumentos de Argentina y rechaza otros, con resultados que dependerán de cada punto específico. En el tercero, el tribunal no hace lugar al planteo por considerar que las condiciones para una medida cautelar no estaban dadas o por falta de jurisdicción prima facie; en ese caso, el arbitraje internacional continuaría y Argentina podría volver a solicitar medidas cautelares ante el tribunal arbitral una vez constituido.
