El Gobierno necesita que la actividad económica repunte antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, por mandato del presidente Javier Milei, no puede apartarse del equilibrio fiscal ni —según asegura— apela a un "plan platita". En ese marco, desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya realizó siete anuncios que abarcan desde la flexibilización de los créditos en dólares hasta alivios para las pymes frente al fisco nacional. A la par, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas.
El límite que plantea el Gobierno es fiscal. Caputo defendió ese criterio este miércoles durante su exposición en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde rechazó la posibilidad de aumentar el gasto o incurrir en déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.
"También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: 'Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente'", afirmó el ministro.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que una modificación de ese criterio tendría consecuencias sobre las necesidades de financiamiento del Estado. "Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No", señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal afectaría las expectativas por los antecedentes de la economía argentina.
Esta semana, el equipo económico quedó más en evidencia respecto a sus intenciones para impulsar la actividad con la serie de medidas que Caputo comunicó durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Caputo anunció tres decisiones destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su relación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera estableció la suspensión de embargos hasta mayo de 2027.
También comunicó la extensión del plan de pagos hasta 18 cuotas. La modificación incluye deudas vencidas hasta el 31 de octubre, con lo que se amplía el alcance de esa alternativa de regularización. La tercera disposición habilita a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.
Los economistas consideran que esas tres medidas apuntaban a no empeorar aún más la situación de las pymes. Y que la única que podría llegar a tener un impacto sobre el nivel de actividad -aunque habría que analizar en que magnitud- es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de autos, cuya tasa será del 25% y los plazos previstos serán de tres, cuatro y cinco años.
Hasta ahora, las versiones extra oficiales indican que el financiamiento podría destinarse a vehículos de producción nacional. Esa condición todavía requiere una confirmación oficial y será relevante para determinar el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.
Sin embargo, los anuncios comenzaron en agosto, cuando Caputo comunicó la flexibilización del acceso a créditos en dólares. La medida eliminó la condición que obligaba a los bancos a prestar en moneda estadounidense solo a quienes generaban divisas o contaban con la garantía de una empresa que cumplía esa condición.
La modificación amplió el universo de personas y compañías que pueden acceder a ese financiamiento. Si bien la flexibilización no tiene restricciones por sector, el ministro reconoció que apuntaban sobre todo a la construcción.
Esa medida se complementó, a posteriori, con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mediante esas licitaciones, el Gobierno busca fondear a los bancos con hasta $2 billones a largo plazo para que amplíen la oferta de créditos hipotecarios.
El esquema prevé licitaciones de hasta $200.000 millones. Los bancos pueden colocar fondos a un año a una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años con una tasa mínima de UVA +4,5%. La disponibilidad de recursos a plazos más extensos apunta a facilitar la originación de préstamos hipotecarios. Las entidades financieras deberán participar de las licitaciones para acceder a los fondos que ofrece el FGS dentro de este mecanismo.
Otra decisión se vinculó con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y luego de los aumentos que las petroleras aplicaron en los surtidores tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles.
La decisión quedó formalizada nuevamente mediante el Decreto 1305/2026, que fijó el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización. La ley establece que el impuesto debe revisarse cada tres meses según la inflación acumulada, pero el Ejecutivo decidió diferir ese traslado.
La medida buscó evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la inflación. El impuesto forma parte de los componentes que inciden en el precio final de los combustibles, por lo que su actualización puede tener efecto sobre los valores de venta en los surtidores.
Además de los anuncios de Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV preparan cinco iniciativas para ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026.
La primera iniciativa se dirige a empleados públicos que cobran créditos personales mediante descuentos de haberes. El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento se transfiera a otra institución que reúna las condiciones exigidas.
La intención es dar más seguridad a las entidades que adquieren una cartera ya otorgada y ampliar sus alternativas de fondeo. El cambio alcanzará a los préstamos que se cobran directamente a través del sistema de haberes de trabajadores estatales.
La segunda propuesta se concentra en empleados del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial. El plan prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica por medio de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).
El trabajador conservará la facultad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas asociadas con ese circuito. El objetivo es ordenar el flujo de cobros de los créditos con descuento de haberes en el sector privado.
La tercera medida que preparan el BCRA y la CNV apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa se dirige al tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de los fondos. Con ese reconocimiento, los comercios podrán utilizar los cupones dentro de operaciones de financiamiento.
El proyecto también contempla que esos instrumentos puedan ejecutarse por procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. El alcance de la medida se vincula con las ventas realizadas mediante tarjetas y con el acceso de los comercios a liquidez antes de la acreditación definitiva de los pagos.
La cuarta medida alcanzará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA busca que las SGR puedan sostener una mayor cantidad de créditos con el mismo fondo de garantía. La medida apunta a que más pymes accedan a préstamos o mejoren sus condiciones de financiamiento, como tasas y plazos.
