Activistas de Greenpeace Argentina frenaron una topadora que realizaba tareas de desmonte en una finca ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en Salta. La organización ambientalista había detectado, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, la deforestación de unas 700 hectáreas en el predio y decidió intervenir para detener la maquinaria, en medio de su reclamo contra las modificaciones a la Ley de Bosques.
Los activistas se interpusieron entre la topadora y el bosque y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de un cepo en las palancas de manejo. También colocaron una faja de clausura con la leyenda "crimen ambiental" y desplegaron un cartel con el mensaje: "La Ley de Bosques no se toca".
La intervención se produjo este miércoles, en medio de los cuestionamientos de la organización a los fondos previstos para la protección de los bosques nativos y a una propuesta de reforma de la legislación vigente.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, cuestionó el rol de las autoridades provinciales en el control de los desmontes. "Mientras el gobierno nacional recorta los fondos de la Ley de Bosques y promueve su modificación, la deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan muy poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde está prohibido", advirtió.
El reclamo de la organización coincide con la discusión sobre el financiamiento y los alcances de la Ley 26.331, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
Según Greenpeace, el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo contempla apenas el 4% de los fondos que deberían destinarse a la aplicación de esa normativa. Los recursos están previstos para controlar la deforestación ilegal, prevenir y combatir incendios forestales y promover la conservación.
En paralelo, el Gobierno nacional propuso modificaciones a la Ley de Bosques. Entre ellos se encuentran modificaciones a los artículos 13 y 14 de la norma, vinculados con las autorizaciones de desmonte y las restricciones que rigen sobre las áreas de mayor valor de conservación.
De acuerdo con el análisis de Greenpeace, la reforma permitiría ampliar del 20% al 80% la superficie de bosques nativos donde podrían autorizarse desmontes.
Actualmente, los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) establecen distintas categorías de conservación. Según el relevamiento de la organización, cerca del 80% de las áreas forestales se encuentran en categorías donde no está permitido autorizar desmontes.
El monitoreo satelital de Greenpeace estima que la deforestación en el norte argentino superó las 73.000 hectáreas durante 2026. A esa superficie se suman más de 60.000 hectáreas afectadas por incendios forestales en la Patagonia, según los registros de la organización.
Cruz vinculó la pérdida de bosques con las consecuencias del cambio climático y advirtió sobre sus efectos ambientales y sociales.
"La deforestación nos vuelve más vulnerables a los efectos de la crisis climática y el Súper Niño. Más desmontes provocan más inundaciones, desaparición de especies, desertificación, enfermedades, desalojos de campesinos e indígenas, y pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal", sostuvo.
La pérdida de superficie forestal es un problema que se extiende desde hace décadas en el país. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación citados por Greenpeace, entre 1998 y 2024 desaparecieron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina, una superficie equivalente a la de la provincia de Formosa.
Cerca del 75% de esa pérdida se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, principalmente en la región del Gran Chaco.
El conflicto por la protección de los bosques nativos también tiene un capítulo judicial que permanece abierto desde 2019.
Ese año, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, además del Estado nacional, por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco argentino.
Según la organización, los científicos estiman que quedan menos de 20 ejemplares de esta especie en esa región, cuya supervivencia se encuentra amenazada por el avance de la deforestación.
La presentación judicial sostiene que la destrucción de su hábitat vulnera las disposiciones de la Ley de Bosques. El máximo tribunal declaró su competencia para intervenir en el expediente, aunque todavía se encuentra pendiente una resolución sobre el fondo del planteo, de acuerdo con lo informado por Greenpeace.
En paralelo a la protesta en Salta, la organización convocó a participar de la "República de los Siete Bosques", una iniciativa destinada a reunir a ciudadanos interesados en la protección de las regiones forestales del país y alertar sobre las amenazas que enfrentan.
La propuesta abarca el Gran Chaco, la Selva Misionera, la Selva de Yungas, el Bosque Andino Patagónico, el Espinal, el Monte y el Delta e islas del río Paraná. Quienes deseen sumarse pueden registrarse en el sitio web sietebosques.org.
