Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.
Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.
Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.
La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. "Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar", escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié. Aunque en un comienzo se interpretó que iba a ser solo ese artículo, en la Casa Rosada se decidió de manera posterior el retiro de la totalidad de la iniciativa.
Este medio pudo confirmar de numerosas fuentes que hubo una intencionalidad de diferentes áreas del Gobierno de que se realizara esa medida. Afirman que no se trató de un error de revisión del proyecto: de hecho, la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a cargo de María Ibarzábal Murphy, había advertido sobre las particularidades del artículo de los CEDEARs. Con el comentario hecho, el Ministerio de Economía dio el visto bueno de la iniciativa, la cual no pasó desapercibida.
Esto fue ampliamente debatido semanas atrás. Una de las reuniones más importantes se dio el mes pasado en una reunión de la Mesa Política a la que asistió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien es uno de los autores intelectuales de la integralidad del proyecto. En ese encuentro también hubo comunicaciones por videollamada con autoridades del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
"No es que se charló, se debatió bastante durante media hora. Cada cual tenía sus posiciones y después se dejó a merced de lo que decidieran las partes que estaban planificando el proyecto", comentó una de las personas que está al tanto de lo que se conversó ese día. El presidente Javier Milei supo que eso estaba siendo debatido.
El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.
Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.
El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de "transparencia fiscal", el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.
En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.
Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los "Otros Ámbitos de Negociación Autorizados", una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.
La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.
Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.
También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.
