El ataque contra Binance volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas. El robo, valuado en USD 6.300 millones, abrió interrogantes sobre las vulnerabilidades de los sistemas de custodia y la identidad de los responsables. Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posible participación de hackers vinculados con Corea del Norte.
En diálogo con Infobae a la Tarde, el abogado especializado en informática y nuevas tecnologías Ariel Aginsky explicó cómo pudo haberse ejecutado la maniobra y por qué el episodio no implica necesariamente una vulneración de la tecnología blockchain.
Para Aginsky, la clave está en distinguir las redes descentralizadas de los sistemas que utilizan las plataformas para administrar los fondos de sus clientes. "Binance es un banco, no es la blockchain en sí en donde circulan todos los criptoactivos", explicó.
Según el especialista, los atacantes habrían aprovechado una vulnerabilidad en los mecanismos que conectan la operatoria interna del exchange con las redes externas. "¿Qué es lo que atacaron? Esas bocas", señaló. La investigación deberá determinar cómo se produjo la intrusión y qué controles fueron vulnerados.
Aginsky sostuvo que una operación de esta magnitud difícilmente pueda explicarse como la acción aislada de una persona. "Es una organización criminal", afirmó, al describir la planificación y los recursos técnicos que pueden requerir estos delitos.
Una de las hipótesis contempla el uso de ingeniería social para comprometer el dispositivo de una persona con acceso a los sistemas de la compañía. El proceso podría haber comenzado con contactos profesionales o una supuesta oferta laboral que facilitara la instalación de software malicioso.
"Capaz que era una oferta de trabajo que le venía por estas redes sociales empresariales y empezó a tener entrevistas", especuló el abogado. Y sintetizó: "Esto tiene meses de planeamiento".
Durante la entrevista, Aginsky mencionó los análisis de las firmas especializadas Elliptic y Chainalysis, que habrían identificado indicios compatibles con operaciones atribuidas al grupo Lazarus. Sin embargo, aclaró que la autoría no estaba confirmada.
La hipótesis remite a antecedentes como el ataque contra Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando fueron sustraídos cerca de USD 1.500 millones en criptomonedas. Las autoridades estadounidenses atribuyeron aquel episodio a hackers norcoreanos identificados como TraderTraitor.
Las similitudes entre los métodos pueden orientar la investigación, pero no bastan para establecer quién estuvo detrás del ataque a Binance. Para confirmar la atribución, será necesario reunir evidencia técnica y reconstruir los movimientos de los activos.
Aunque los delincuentes intenten ocultar el origen del dinero, las transacciones registradas en una blockchain pública pueden seguirse. Aginsky describió esa característica como "una bóveda de un banco, pero toda de cristal": los movimientos quedan registrados, aunque identificar a las personas detrás de cada billetera puede resultar complejo.
Para dificultar el seguimiento, los atacantes pueden distribuir los fondos entre múltiples direcciones y utilizar herramientas conocidas como mixers. Estas maniobras complican la investigación, pero no borran automáticamente el historial de las operaciones.
La posibilidad de bloquear los activos depende también de la criptomoneda involucrada. Los emisores de stablecoins como USDT y USDC pueden congelar determinadas tenencias, mientras que Bitcoin no cuenta con una autoridad central capaz de impedir unilateralmente las transferencias.
Aginsky explicó que esa diferencia puede facilitar la inmovilización de una parte de los fondos identificados. Sin embargo, el bloqueo de ciertos activos no equivale a recuperar la totalidad del dinero sustraído.
"Ese dinero está marcado, son todos billetes marcados", graficó el abogado. Las plataformas pueden detectar movimientos vinculados con direcciones señaladas y activar controles cuando esos activos intentan ingresar en sus servicios.
El episodio se suma a una serie de ataques que afectaron a exchanges y servicios de custodia, desde Mt. Gox hasta Bybit. Los antecedentes exponen riesgos relacionados con la administración de claves, los permisos internos y los mecanismos de autorización de transferencias.
Durante la entrevista, Aginsky también se refirió a la regulación argentina y a las obligaciones de registro y control que alcanzan a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la normativa de la Comisión Nacional de Valores. Esas exigencias establecen responsabilidades para las plataformas, aunque no eliminan el riesgo de sufrir intrusiones.
La conclusión del especialista es que la trazabilidad de las redes constituye una herramienta importante para investigar el recorrido de los fondos, pero no reemplaza la necesidad de proteger los sistemas de las empresas. "La tecnología industrializa", resumió.
El ataque vuelve a poner en primer plano una de las principales contradicciones del sector: las transacciones pueden quedar expuestas en registros públicos y, aun así, las vulnerabilidades de una plataforma pueden permitir que una operación criminal alcance una escala millonaria.
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