La comisión de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó a favor del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
El proyecto volvió con cambios del Senado de la Nación, un cambio que se contrapone a lo que el Poder Ejecutivo había planteado y que tenía como objetivo central blindar al presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya que proponía la necesidad de los dos tercios de ambas cámaras para poder destituirlo.
Desde la oposición, particularmente desde el bloque de Unión por la Patria, señalaron a Infobae que no iban a plantear modificaciones al despacho. "Nosotros estamos en contra del proyecto, pero el cambio del Senado lo mejoró porque lo ordena en lo que tiene que ver con las autoridades", explicó uno de los diputados que estaba a cargo del análisis de la norma.
La intención del bloque de LLA es llevarlo al recinto el 12 de noviembre junto a otros temas que se hayan dictaminado. Hasta ahora solo cumple con esta característica el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, conocido como Malvinas.
En una comisión en la que ya se sabía el resultado, la oposición aprovechó para apuntarle al oficialismo por el ingreso al país de Flávio Bolsonaro. La diputada Sabrina Selva de Unión por la Patria señaló que con este dictamen "el oficialismo debería reconocer que algunos de los planteos que hicimos están en el dictamen que ratifican que viene del Senado".
Pero luego, señaló que "no podemos arrancar este día sin traer lo que sucedió ayer en donde el gobierno de Milei le habilitó la entrada a la Argentina de una persona que era requerida por la justicia de Brasil. Quizás el diputado de Misiones de LLA Diego Hartfield nos puede contar si estuvo en su provincia Santiago Caputo facilitando el ingreso de Bolsonaro".La respuesta del oficialismo llegó en medio de gritos y de la diputada Lilia Lemoine, quien se escuchaba por encima del resto señalando que "expliquen lo de Evo Morales".
El artículo 3 de la iniciativa original establecía motivos concretos para una eventual destitución, entre ellos una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones. Esa acusación deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables.
El procedimiento previsto exigía que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y que ambas cámaras del Congreso lo avalen antes de que se haga efectiva la medida. Para ello, iba a ser necesaria una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo.
A la vez, se eliminaba la intervención de la comisión bicameral creada en 2010, durante la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular de la entidad, Martín Redrado.
En tanto, la redacción también quita al Poder Ejecutivo la facultad de apartar de manera unilateral a las autoridades monetarias. Cualquier decisión deberá ajustarse a las causales establecidas y acreditar la falta invocada.
Por último, deja sin efecto la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. También elimina la obligación de que la entidad se pronuncie antes sobre los efectos de las operaciones de endeudamiento externo en la balanza de pagos. El Gobierno considera que ese paso no influye en las definiciones y constituye una exigencia administrativa.
La reforma propone un mecanismo temporal para ordenar el balance del Banco Central. Mientras el Estado nacional mantenga pendientes las letras intransferibles y los adelantos transitorios otorgados por la autoridad monetaria, una parte de las ganancias anuales deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de esas obligaciones.
La iniciativa dispone además que los adelantos transitorios extiendan sus plazos de vencimiento de forma automática hasta su pago total. Para las letras intransferibles, en cambio, conserva los términos definidos al momento de su emisión y las previsiones que establezca cada ley de presupuesto.
El proyecto cambia las condiciones bajo las cuales el Banco Central podrá distribuir resultados al Estado nacional, en su carácter de accionista. Solo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas; quedarán fuera los resultados originados por cambios en la cotización de las divisas o por variaciones en el precio del oro.
Las ganancias vinculadas a esos dos factores deberán incorporarse al capital de la entidad. Los demás resultados que aun no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial, sin posibilidad de transferencia al Tesoro hasta que se realicen.
El nuevo artículo 38 también fija un requisito patrimonial: la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar al menos el 50% del capital del Banco. Si se autorizan transferencias, los fondos solo podrán aplicarse al pago de deuda pública.
Según los fundamentos, la modificación busca impedir que el BCRA envíe recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan únicamente de ajustes contables derivados de la suba del dólar frente al peso. El mensaje identifica esa práctica como una debilidad del régimen vigente y sostiene que fue aplicada por los gobiernos posteriores a la convertibilidad, incluida la administración de Javier Milei.
