La detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, ha abierto un nuevo debate sobre la estrategia política de Revolución Ciudadana (RC) y la influencia que mantiene el expresidente Rafael Correa sobre la organización. Mientras la dirigencia del movimiento intenta reunir respaldos externos para cuestionar el proceso judicial contra González, las confrontaciones públicas de su principal referente con figuras que también criticaron el arresto han evidenciado las dificultades para construir acuerdos con sectores ajenos al correísmo.
La controversia ocurre a pocas semanas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 y en medio de una investigación penal que involucra a una de las principales representantes de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa. Aunque Revolución Ciudadana mantiene una posición conjunta de rechazo a la detención, las declaraciones de sus dirigentes muestran diferencias en la manera de relacionarse con otros actores políticos.
Desde el 22 de octubre, cuando González fue detenida, la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, ha promovido una convocatoria a organizaciones políticas y sociales para cuestionar lo que considera una utilización de la justicia contra la oposición. Su iniciativa busca reunir a sectores que no necesariamente comparten la trayectoria ideológica del correísmo, pero que han expresado preocupación por las garantías judiciales.
Según informó Primicias, los legisladores de Revolución Ciudadana abandonaron el pleno de la Asamblea Nacional después de conocer la detención y posteriormente mantuvieron reuniones para coordinar acciones. Rivadeneira también anunció gestiones ante organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y convocó a movilizaciones.
Sin embargo, la búsqueda de respaldos externos ha coincidido con enfrentamientos protagonizados por Correa en la red social X. Uno de ellos involucró al exjuez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila, quien el 22 de octubre calificó la detención de González como una evidente persecución política.
Pese a ese pronunciamiento, el expresidente respondió horas después con críticas al constitucionalista, a quien atribuyó parte de la responsabilidad por la situación política ecuatoriana. El intercambio mostró que las coincidencias sobre el procedimiento judicial no han eliminado los enfrentamientos entre Correa y antiguos críticos de su gestión.
La controversia se amplió cuando la abogada y directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, María Dolores Miño cuestionó, también mediante X, la influencia del expresidente sobre Revolución Ciudadana. Miño planteó que la organización debería distanciarse de su liderazgo para superar sus dificultades internas. Correa respondió a esas declaraciones el 26 de octubre, prolongando una discusión que trascendió el caso judicial de González.
Las intervenciones contrastan con la convocatoria de Rivadeneira, quien ha insistido en la necesidad de articular una respuesta política amplia. No obstante, las diferencias de discurso no acreditan una ruptura formal entre ambos dirigentes ni demuestran que alguna organización haya retirado su respaldo a González como consecuencia de los pronunciamientos de Correa.
La politóloga Andrea Endara, consultada por el diario ecuatoriano La Hora para una investigación publicada este 27 de octubre, identificó una tensión entre la búsqueda de acuerdos promovida por Rivadeneira y la confrontación pública sostenida por el expresidente. Según explicó al periódico, Correa conserva una importante capacidad de cohesión entre sus seguidores, aunque sus intervenciones pueden dificultar los acercamientos con otros sectores y limitar la autonomía de nuevos liderazgos.
El debate ocurre mientras González enfrenta una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el financiamiento de su campaña presidencial de 2023. De acuerdo con información difundida por Reuters, la Fiscalía ecuatoriana investiga el origen de aproximadamente USD 500.000 que habrían sido utilizados para contratar publicidad electoral mediante una presunta estructura de personas jurídicas.
La excandidata rechaza las acusaciones y sostiene que no tenía responsabilidad directa sobre la administración financiera de su campaña. Su defensa también ha cuestionado la competencia judicial, el acceso al expediente y los fundamentos de la prisión preventiva.
Según informó El País, un juez ordenó prisión preventiva contra González y otras tres personas procesadas. La dirigente permanece recluida en Riobamba, provincia de Chimborazo, mientras sus abogados impulsan acciones para solicitar su liberación. Los hechos investigados no constituyen una sentencia condenatoria y las responsabilidades penales deberán establecerse dentro del proceso judicial.
El caso también ha provocado reacciones del oficialismo. Esteban Torres, legislador de Acción Democrática Nacional y vicepresidente de la Asamblea Nacional, cuestionó que Revolución Ciudadana atribuya necesariamente motivaciones políticas a la investigación y pidió distinguir entre las responsabilidades penales y las disputas electorales.
Las diferencias sobre el liderazgo del correísmo tienen antecedentes. En diciembre de 2025, Marcela Aguiñaga se apartó de Revolución Ciudadana después de enfrentamientos públicos con Correa. Posteriormente, en enero de 2026, Rivadeneira asumió la presidencia del movimiento con el respaldo del expresidente y un discurso orientado a fortalecer la unidad de la organización.
La detención de González ha vuelto a colocar esas relaciones bajo escrutinio. Aunque la dirigencia mantiene una posición común frente al proceso judicial, las intervenciones públicas de Correa han reabierto interrogantes sobre la capacidad del movimiento para establecer coincidencias con sectores que cuestionan las actuaciones de la justicia, pero mantienen diferencias políticas con su principal referente.
