La muerte de unas 350 vicuñas en lo que va de 2026 generó preocupación en Jujuy y derivó en una causa que apunta a una red de caza furtiva dedicada a extraer y comercializar ilegalmente su fibra. La Fiscalía Ambiental recibió denuncias de comunidades de la Puna, coordinó operativos con Gendarmería Nacional y otras fuerzas, y rastrea posibles canales de venta en ferias y redes sociales.
Las reuniones entre fiscales, pobladores y fuerzas de seguridad se realizaron el 20 y 21 de octubre en sectores afectados de la Puna jujeña. Participaron representantes de comunidades originarias, integrantes de CAMVI, la Asociación de Criadores de Vicuñas, la comunidad de Larcas, personal del INTA Miraflores, la Policía de Jujuy, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía Nacional de Bolivia.
El fiscal en lo Ambiental, Javier Sánchez Serantes, encabezó las actividades junto al secretario relator de la Fiscalía. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que los equipos realizaron inspecciones oculares en áreas donde se registraron matanzas y en posibles sitios utilizados por quienes realizan las cacerías.
La causa busca establecer quiénes participaron de los ataques y cómo se organizó el circuito posterior de comercialización. La Fiscalía Ambiental reafirmó que procurará identificar a los responsables y aplicar la persecución penal correspondiente por la caza de una especie protegida.
La dimensión del daño también fue advertida desde Ciénaga de Paicone, donde pobladores encontraron 12 animales sacrificados a 20 kilómetros de la localidad. El presidente de esa comunidad originaria, Sebastián Arias, afirmó que el rebaño silvestre de la zona pasó de 2.000 ejemplares el año pasado a entre 300 y 400 en la actualidad.
Los cazadores emplean armas de fuego, se instalan en puntos donde esperan el paso de los animales y se ocultan en apostaderos, estructuras de piedra señaladas por las comunidades. Después de matarlos, extraen el vellón o retiran el cuero para obtener la fibra, mientras el resto de los cuerpos queda abandonado en el lugar.
Un vellón de vicuña pesa entre 200 y 250 gramos y puede venderse inicialmente en el mercado ilegal por cerca de USD 150, explicó Sánchez Serantes. El valor aumenta cuando la fibra es utilizada para confeccionar prendas: un poncho puede alcanzar aproximadamente USD 1.300.
La Justicia analiza dos posibles destinos del material obtenido de manera ilegal: una feria de Jujuy, cuya ubicación no fue revelada para evitar que la difusión afecte la investigación, y otra feria en Bolivia. Las pesquisas también se extendieron a las redes sociales para detectar ofertas y eventuales compradores dentro y fuera de Argentina.
La Fiscalía solicitará información al organismo nacional encargado del registro y control de armas para determinar aspectos vinculados con la provisión de municiones. Las denuncias investigadas indican que los animales fueron abatidos con armas de fuego.
El aumento de los casos durante este año abrió varias hipótesis. Una de ellas relaciona la situación con la presencia de sarna entre las vicuñas de Perú, una enfermedad que afecta la calidad de la fibra y que podría haber impulsado el desplazamiento de cazadores hacia territorio argentino, según Somos Jujuy.
Sánchez Serantes aclaró que esa posibilidad no excluye otras líneas de investigación. Entre los involucrados podría haber personas de Jujuy, de otras provincias o cazadores provenientes de Bolivia con apoyo de habitantes locales.
La cooperación transfronteriza forma parte de las acciones desplegadas en una región donde las comunidades advierten limitaciones para vigilar grandes extensiones. Arias señaló que Ciénaga de Paicone tiene 370 habitantes, una frontera ubicada a cuatro kilómetros y un paso libre no habilitado, mientras el destacamento policial cuenta con un solo encargado sin medio de transporte.
El dirigente comunal sostuvo que las denuncias por la caza furtiva fueron presentadas previamente ante las autoridades, sin obtener respuesta. Sobre el hallazgo más reciente, relató que "un poblador halló 12 vicuñas muertas a 20 kilómetros del pueblo", citado por Jujuy al Momento.
La actividad de los cazadores se concentraría durante el invierno, entre mayo y agosto o septiembre, cuando hay menor presencia de personas en los campos altos, situados a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Arias describió que los atacantes "matan con los rifles y sacan todo el cuero, que es lo que vale y tiene un precio bastante elevado".
Las autoridades judiciales pidieron que las comunidades presenten denuncias ante cualquier episodio de caza ilegal, porque esos aportes permiten incorporar información a las pesquisas e identificar responsables. La Fiscalía también planteó campañas de concientización sobre la protección de la vicuña y la necesidad de reforzar la coordinación entre pobladores, organismos competentes y fuerzas de seguridad.
