Florencia Montes de Oca tenía 14 años cuando denunció a su padre. Lo hizo en una comisaría de La Plata, donde aseguró que desde sus 6 sufría abusos de su parte en una vivienda familiar. Doce años, nueve meses y 18 días después, su progenitor fue detenido en la provincia de San Luis. Pero cinco días más tarde recuperó la libertad porque la Justicia consideró prescripta la acción penal.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia bonaerense deberá revisar si los tribunales que cerraron el expediente omitieron aplicar los tratados internacionales que protegen a niñas víctimas de violencia sexual.
La denunciante ahora decidió hacer pública su identidad y su historia. El acusado es Jorge Osmar Montes de Oca, imputado por un hecho calificado provisoriamente como abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente.
Florencia realizó la denuncia el 21 de febrero de 2009. En aquel momento tenía 14 años y relató que los ataques habían comenzado cuando tenía seis y se extendieron hasta los 11. Según declaró, ocurrían durante la tarde, cuando su madre trabajaba en una feria y el hombre volvía a la casa, donde quedaba al cuidado de los tres hijos en común de la pareja.
En una publicación en redes sociales, Florencia recordó el momento en que contó lo que le había ocurrido durante su infancia. "Las víctimas hablamos cuando podemos, no cuando la Justicia quiere", escribió.
Y dejó en claro su decepción con las autoridades: "Atravesé pericias, evaluaciones psicológicas, Cámara Gesell y todo lo que la Justicia me pidió. Tuve que revivir situaciones que ninguna niña debería haber atravesado. Hicimos todo como correspondía. Confiamos en que la Justicia iba a actuar. Pero el hombre al que denuncié se fugó y permaneció prófugo durante 13 años, teniendo un pedido de captura nacional e internacional".
Durante años, no hubo avances para localizar al imputado. Florencia contó que, en noviembre de 2021, después de que le advirtieran que la causa podía cerrarse sin que hubiera un juicio, buscó hacer pública su historia en una entrevista televisiva.
La emisión salió al aire el 22 de noviembre de ese año. Después, una persona se comunicó con ella por Facebook y aportó información sobre el paradero de su padre.
La denunciante y su familia trasladaron ese dato a la Justicia. Según relató Florencia, desde hacía tiempo sospechaban que podía estar en San Luis porque tenía familiares allí, aunque desconocían dónde vivía.
"Después de tantos años, finalmente teníamos una dirección. Estaba en San Luis", señaló la joven. Agregó que su padre trabajaba en locales de ropa y calzado, había formado una nueva familia y tenía otro hijo en esa provincia. "Tenía su vida, sus actividades, su rutina, como si absolutamente nada hubiera pasado", expresó.
La detención ocurrió el 9 de diciembre de 2021, en la calle Colón al 900 de la ciudad capital. El procedimiento estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal San Luis de la Policía Federal Argentina. Sin embargo, la captura no derivó en su traslado inmediato a La Plata ni en la reanudación de la investigación.
Es que la defensa de Montes de Oca presentó un hábeas corpus en el que sostuvo que la detención era ilegal y arbitraria porque la acción penal se encontraba "manifiestamente prescripta", según surge de una resolución incorporada al expediente.
Así, el 14 de diciembre de 2021, cinco días después de la detención, el hombre quedó en libertad.
Para Florencia, esa secuencia marcó un nuevo punto de quiebre. "¿Cómo puede ser que el paso del tiempo termine cerrando las puertas de la Justicia cuando la propia falta de respuesta del sistema judicial contribuyó a que ese tiempo pasara?", planteó.
El caso siguió su recorrido judicial. La primera instancia declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Montes de Oca. Más tarde, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó esa decisión el 18 de diciembre de 2024.
La particular damnificada intentó recurrir a Casación. La Sala III rechazó una queja el 25 de junio de este año, pero la defensa de Florencia presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Según el fallo al que accedió Infobae, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró parcialmente admisible esa presentación el 6 de octubre y ordenó que el expediente pase a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Los jueces Ricardo Borinsky y Daniel Carral entendieron que el recurso puede ser revisado en su dimensión federal. Es decir, la Corte bonaerense deberá analizar si las decisiones anteriores omitieron aplicar las normas internacionales incorporadas a la Constitución que protegen a niñas víctimas de violencia sexual.
La discusión incluye la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La querella sostiene que los tribunales aplicaron la prescripción con un criterio formal, sin considerar el contexto de violencia intrafamiliar, la relación de dependencia entre una niña y su padre, ni las dificultades que pueden atravesar las víctimas para revelar abusos sexuales.
Casación, de todos modos, no habilitó el tratamiento directo de la discusión sobre los artículos del Código Penal que regulan la prescripción. Ese aspecto fue declarado inadmisible por razones procesales.
Entonces, la instancia que quedó abierta se limita a determinar si hubo una afectación de las garantías y obligaciones internacionales invocadas por la denunciante. Si la Suprema Corte bonaerense considera que existió esa omisión, podrá definir los pasos siguientes del expediente.
Florencia pidió que esa revisión no se reduzca a fechas, plazos y normas. "No les estoy pidiendo que condenen a alguien sin un juicio. Les estoy pidiendo que no me quiten la posibilidad de tenerlo", solicitó.
La mujer también relató que continúa en tratamiento psicológico y que convive con ansiedad y miedos vinculados con lo que denunció haber vivido durante su infancia.
"El abuso no termina cuando termina la agresión", remarcó.
