Tras quedar detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha apoyado en promesas populistas para aumentar sus posibilidades de ganar la segunda vuelta.
Si gana la votación del domingo, convertir esas promesas en realidad tendría un alto costo para Brasil.
Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo frente a Bolsonaro, de 45 años, un aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una derrota del mandatario en funciones supondría un gran impulso a la influencia de Trump en la región y el regreso al poder de la familia Bolsonaro, de tendencia derechista.
Entre las promesas de Lula para intentar reducir la distancia con Bolsonaro están:
Diez días antes de la segunda vuelta, el Congreso brasileño aprobó una legislación para reducir la semana laboral del país de seis días a cinco y las horas de trabajo semanales de 44 a 40 sin disminuir el salario. Bolsonaro respaldó la medida hacia el final de la campaña. Muchos líderes empresariales sostienen que recortar las horas de trabajo sin ganancias correspondientes de productividad eleva los costos laborales, perjudica a las pequeñas empresas y corre el riesgo de alimentar la inflación y el empleo informal.
Lula anunció en septiembre un aumento del 15% en los pagos del principal programa de asistencia social de Brasil, Bolsa Família, que calcula los beneficios según el tamaño de la familia y el número de hijos. El aumento entró en vigor esta semana, días antes de las elecciones, y beneficiará a casi 50 millones de personas. Los críticos describen las transferencias permanentes de ingresos financiadas por el gobierno como una herramienta populista clásica para garantizar la lealtad de los votantes. El gobierno indicó que el aumento costará a los contribuyentes 5.800 millones de reales (1.200 millones de dólares) por el resto del año.
Lula respaldó el miércoles un alivio crediticio e incentivos fiscales para pequeñas empresas, dándoles acceso a préstamos gubernamentales de bajo interés a través de bancos públicos y permitiéndoles renegociar parte de sus deudas. El gobierno calcula que el programa costará 3.000 millones de reales (600 millones de dólares) durante los próximos tres años.
También presentó un programa nacional de refinanciación de deudas destinado a borrar los registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos. Analistas de la oposición y comentaristas del mercado describen la condonación de deudas respaldada por el Estado y las renegociaciones subsidiadas como un alivio de corto plazo que no aborda las deficiencias de educación financiera.
Lula emitió algunas medidas ejecutivas destinadas a frenar los costos del combustible, incluido un decreto que elimina los impuestos federales a la importación y venta de gasolina por un periodo de 30 días, con la opción de nuevas prórrogas. Estas medidas incrementaron el alivio fiscal federal sobre la gasolina y subsidiaron los costos del diésel para los importadores.
El gobierno también extendió las exenciones fiscales y amplió el apoyo al etanol para mantener la competitividad de los biocombustibles alternativos en los surtidores. El costo estimado de las medidas es de 5.200 millones de reales (1.000 millones de dólares), según el gobierno de Brasil.
Lula también envió al Congreso un proyecto de ley para establecer el transporte público gratuito los fines de semana. Los expertos señalan que el costo de una iniciativa de este tipo depende del modelo elegido y oscila entre 5.000 millones y 16.000 millones de reales (entre 1.000 millones y 3.200 millones de dólares).
(AP)
