La Justicia abrió un registro para recibir interesados en adquirir las participaciones societarias de Pan Danés SRL, la empresa detrás de la cadena de panaderías Pandanés, en el marco de su concurso preventivo. La medida apunta a que acreedores, una eventual cooperativa conformada por los trabajadores y otros terceros puedan presentar propuestas para alcanzar un acuerdo que permita resolver la situación concursal de la compañía.
La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick. El procedimiento se encuadra en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que contempla un mecanismo para que interesados puedan formular propuestas de acuerdo preventivo y eventualmente adquirir las cuotas representativas del capital social de la firma.
La medida se produce luego de que la firma cerrara 25 locales, despidiera a 150 empleados y solicitara su propia quiebra, un pedido que fue rechazado por la Justicia. A partir de esa decisión, el proceso continuó bajo el régimen de concurso preventivo.
El registro permanecerá abierto durante cinco días. Quienes quieran participar deberán inscribirse mediante una presentación digital en el expediente judicial y acreditar el depósito de $200.000 en la cuenta de la causa, monto previsto para afrontar los gastos de publicación de los avisos. La suma podría ajustarse una vez determinado el costo definitivo de esa publicidad.
El juzgado aclaró que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para formalizar la inscripción. Además, indicó que el cronograma para la audiencia informativa y los demás plazos del procedimiento se establecerán eventualmente si se presentan interesados.
El nuevo registro abre una instancia para que acreedores, trabajadores organizados en una cooperativa u otros terceros evalúen la posibilidad de presentar una propuesta para la continuidad de la compañía mediante el mecanismo previsto en la legislación concursal.
La situación de Pandanés se agravó por una combinación de factores que afectaron la sustentabilidad del negocio: el fuerte retroceso de las ventas, el encarecimiento de los costos operativos y una estructura que quedó sobredimensionada después de la expansión de la cadena.
Según lo informado por la empresa, el volumen de ventas llegó a ubicarse más de 50% por debajo de sus niveles históricos, un deterioro que complicó el funcionamiento de sus locales y profundizó los problemas financieros.
Frente a ese escenario, la compañía solicitó su propia quiebra, con el objetivo de encauzar judicialmente su situación económica y financiera.
La empresa había ingresado al concurso preventivo para intentar reestructurar deudas que rondaban los $1.200 millones y sostener la continuidad del negocio. Sin embargo, las medidas implementadas para revertir la situación —entre ellas, la reducción de gastos, la renegociación de alquileres, los cambios de proveedores y la reorganización de las operaciones— no alcanzaron para compensar el deterioro de los ingresos.
La compañía sostuvo que el retroceso de la demanda, sumado al peso de los costos fijos y las dificultades para obtener financiamiento, terminó por profundizar sus problemas de liquidez.
El impacto también se trasladó a los trabajadores. De acuerdo con los reclamos difundidos tras el cierre, los alrededor de 150 empleados fueron notificados de sus desvinculaciones mediante mensajes de WhatsApp durante la madrugada, pero todavía no habían recibido los telegramas formales de despido.
Además, denunciaron que no podían ingresar a los establecimientos para recuperar sus pertenencias, ya que las cerraduras habían sido cambiadas, y señalaron que los responsables de la empresa no respondían sus llamados ni mensajes.
A la incertidumbre por la pérdida de los puestos de trabajo se sumaron las dificultades para cobrar las indemnizaciones. Desde la Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal (UPPA) indicaron que la parte empresaria no se presentó a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo porteña y que, ante la falta de respuestas, los trabajadores debían evaluar reclamos individuales para intentar cobrar lo que les correspondía.
En paralelo, la sindicatura advirtió que la firma no había acreditado el pago de aportes y contribuciones vinculados con la obra social, la ART y el seguro de vida del personal entre marzo y julio de 2026.
