La administración pública nacional registró 77.515 puestos de trabajo menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, según los datos difundidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La reducción abarca la administración centralizada y descentralizada, las empresas estatales y el personal militar y de seguridad, y forma parte de la política de achicamiento de la estructura pública impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La cifra expresa la diferencia acumulada frente a diciembre de 2023, no la cantidad de desvinculaciones ocurridas en un único momento. En otras palabras, resume el saldo entre altas y bajas de empleo en esas áreas durante los primeros 32 meses de gestión. La trayectoria no muestra una reversión de la tendencia: la baja se profundizó de manera sostenida desde comienzos de 2024 hasta el último registro disponible.
La serie comenzó enero de 2024 con 7.299 puestos menos que en diciembre anterior. En los meses siguientes, la diferencia se amplió: llegó a 15.799 en abril, superó los 24.000 en junio y alcanzó 37.356 al cierre de ese año.
Durante 2025 la reducción continuó. El total acumulado rondaba los 45.015 cargos menos en marzo, atravesó el umbral de 50.000 en mayo y terminó diciembre en 61.657. En los primeros ocho meses de 2026, la baja avanzó desde 64.842 puestos en enero hasta 77.515 al finalizar agosto.
El gráfico permite identificar que la mayor contribución al descenso provino de la administración centralizada y descentralizada. Las empresas del Estado también explican una parte relevante de la variación, mientras que el personal militar y de seguridad tuvo una incidencia menor dentro del total. Las tres áreas, de todos modos, integran el cálculo difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La administración centralizada incluye los ministerios, secretarías y dependencias que dependen de manera directa del Poder Ejecutivo. La descentralizada reúne organismos con funciones específicas y autonomía administrativa. Por su parte, las empresas estatales comprenden sociedades bajo control público, mientras que el segmento de seguridad y defensa agrupa a las fuerzas y al personal militar.
Con los datos de agosto como antecedente, el Gobierno formalizó este 19 de octubre un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para parte de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida quedó establecida en el Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Sturzenegger.
El programa alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley de Empleo Público y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. La inscripción estará abierta entre el 1 y el 30 de noviembre, aunque la autoridad de aplicación podrá extender ese plazo una única vez por hasta 30 días.
Sturzenegger informó que unos 20.000 agentes están en condiciones de adherir si así lo desean. Esa cantidad no equivale a un objetivo obligatorio de salidas ni anticipa cuántas solicitudes se aprobarán, pero fija el universo potencial de trabajadores alcanzados por la convocatoria.
La normativa establece que cada jurisdicción deberá analizar los pedidos. Las autoridades podrán rechazarlos cuando consideren que la salida del trabajador compromete la prestación de servicios. La aceptación tampoco es automática: los organismos tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para expedirse y, si no existe una aprobación expresa, la solicitud se tendrá por rechazada.
El decreto dispone que la adhesión al régimen produce el cese de la relación laboral y que el cargo presupuestario correspondiente debe ser eliminado. Así, el mecanismo no se limita a una compensación económica para el agente que decide dejar su puesto: busca que la vacante no permanezca disponible dentro de la estructura de cada dependencia.
Las compensaciones varían según edad, antigüedad y aportes previsionales. Para quienes se encuentran próximos a la edad jubilatoria sin reunir los años de aportes necesarios, el esquema contempla la posibilidad de percibir el 60 % de la remuneración bruta por un plazo máximo de 36 meses o hasta completar los requisitos previsionales. También existen alternativas de pagos únicos vinculados con la antigüedad.
En los demás casos, la gratificación puede contemplar un sueldo bruto por cada año de servicio, con topes diferentes, y sumas adicionales según el tiempo de permanencia en planta. El régimen excluye a quienes ya cumplan las condiciones para jubilarse, hayan iniciado ese trámite o tengan una renuncia pendiente de aceptación, entre otras situaciones previstas en el anexo de la norma.
Tampoco podrán adherir agentes sometidos a procesos o sumarios por determinadas faltas, ni quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por su vínculo laboral sin desistir de esas acciones. La restricción no alcanza a los reclamos fundados en la Ley de Riesgos del Trabajo.
El alcance del retiro voluntario se concentra en la administración nacional centralizada. Quedan fuera, entre otros sectores, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior, el área de inteligencia y los organismos descentralizados. Por esa razón, el programa no impactará de manera directa en todos los rubros incluidos en la serie de empleo acumulado hasta agosto.
También se establece una limitación para el reingreso: quien acepte el retiro no podrá volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante ocho años, salvo las excepciones que contempla el régimen. La medida busca evitar que una salida indemnizada sea seguida por una nueva contratación estatal en el corto plazo.
El plan se incorpora así a una secuencia de decisiones orientadas a reducir la plantilla y el gasto asociado a la estructura del Estado nacional. Sus efectos, sin embargo, dependerán de la cantidad de adhesiones que reciban aprobación y de la fecha efectiva de las desvinculaciones.
Los datos difundidos hasta agosto de 2026 no reflejan todavía el resultado de esta convocatoria, ya que la inscripción comenzará en noviembre. Las próximas actualizaciones permitirán determinar cuántos cargos se eliminaron a través del régimen y en qué medida ese proceso modificó la evolución de la dotación pública.
