Con una publicación poco habitual, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, compartió que realizó un test toxicológico para verificar si consumió drogas u otro tipo de sustancias psicoactivas que no están permitidas en la función pública.
"Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo", expresó el mandatario, en el posteo compartido en redes sociales. "Me acaban de realizar el test toxicológico establecido por la Ley 3531, aprobada por la Legislatura de Neuquén, y el resultado fue negativo. Todos los funcionarios públicos debemos someternos a este control. Para nosotros, cumplir con esta ley es muy importante", agregó.
Esta ley, que establece obligatoriedad del coloquialmente llamado "narco test", fue sancionada en septiembre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de este año. Figueroa ya había realizado el examen, a modo de prueba y visibilización, tras la aprobación de la norma.
El requisito alcanza tanto a los miembros del Poder Ejecutivo local, como los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial. Es decir, abarca a legisladores, ministros, jueces, defensores, intendentes, fiscales, concejales, secretarios, fiscales de Estado y directivos de organismos autárquicos y empresas estatales.
"Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad. Esta iniciativa está en línea con la política pública que llevamos adelante desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico", comentó Figueroa en sus cuentas personales.
Técnicamente, la prueba toxicológica busca detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, que son los componentes químicos de las drogas ilícitas más conocidas.
Según la norma, la negativa injustificada a realizarse el examen se considerará automáticamente un resultado positivo y derivará en la pérdida inmediata del cargo del funcionario alcanzado. En tanto, si un test rápido de saliva arroja un resultado inicial positivo, deberá realizarse una contraprueba confirmatoria, antes de aplicar medidas administrativas o de destitución.
La Legislatura del Neuquén comenzó el mes pasado a aplicar estos exámenes obligatorios a diputados y diputadas provinciales, bajo el procedimiento establecido por la Resolución 1248, que reglamentó Figueroa. El mecanismo alcanza a los 35 integrantes de la Cámara.
Los tests rápidos se realizan dentro del edificio legislativo, de forma sorpresiva y mediante mecanismos de selección aleatoria. Las muestras deben ser tomadas por personal habilitado por la autoridad sanitaria competente, bajo la coordinación de Medicina Laboral de la Legislatura con el laboratorio o equipo técnico autorizado. También supervisa la toma de muestras, la cadena de custodia y la documentación técnica de cada control.
Según la ley, durante el período legislativo ordinario, cada legislador deberá realizarse al menos un examen cada dos meses. Los operativos se desarrollarán durante reuniones de comisión y sesiones de Cámara, incluidas las preparatorias y extraordinarias.
El costo de los estudios será asumido por cada diputado o diputada sometido al control. La reglamentación dispone, además, la reserva de las actuaciones y la confidencialidad de los resultados. La contraprueba ante un resultado preliminar positivo deberá realizarse en un laboratorio habilitado por el Ministerio de Salud de Neuquén.
A nivel local, la cuestión no está del todo cerrada. Es que los candidatos a cargos electivos no deben cumplir el requisito de realizarse el test, pese a que en el futuro deberán hacerlo si el voto los acompaña.
En ese marco, los diputados provinciales Darío Peralta y Darío Martínez, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para extender los exámenes toxicológicos obligatorios a quienes se postulen a cargos provinciales. "Nos parecía importante que quienes aspiren a ese cargo electivo ya vengan con el estudio negativo de los exámenes toxicológicos", afirmó Peralta, ante la prensa local.
El proyecto ingresó esta semana a la Legislatura y tomó estado parlamentario, aunque el oficialismo no acompañó el pedido de tratamiento preferencial en comisión.
