El Reino Unido podría bloquear el ingreso de la Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) si decide utilizar su capacidad de veto dentro del bloque en respuesta a la escalada diplomática por las islas Malvinas y la ofensiva argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion.
La posibilidad de recurrir al CPTPP fue planteada por la legisladora conservadora Wendy Morton, quien pidió que el Reino Unido se preparara para oponerse a la solicitud argentina si continuaban las amenazas sobre las islas. La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, no anticipó un veto, pero afirmó que el Gobierno evaluará "todas las medidas apropiadas". Lo hizo cuando expuso esta semana en la Cámara de los Comunes tras la solicitud que presentó el Gobierno de Javier Milei ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Consultada sobre si Londres debería usar su posición en el tratado para oponerse a la candidatura, afirmó que su administración no especula sobre eventuales sanciones, aunque evaluará "todas las medidas apropiadas". La ministra sostuvo, además, que las medidas adoptadas por Buenos Aires contra las empresas vinculadas a la explotación en las islas "dañan la seguridad jurídica y la confianza en Argentina como socio económico fiable".
La Argentina presentó el 2 de junio la solicitud formal de adhesión al CPTPP, un acuerdo de libre comercio que integran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido.
El proceso no se resuelve con la entrega de una carta de intención. La Comisión del CPTPP debe decidir por consenso si abre formalmente una negociación de adhesión. Si se conforma un grupo de trabajo, el país candidato debe presentar sus ofertas de acceso a mercados y un plan para adecuar su legislación a las obligaciones del tratado. Luego, la invitación final para incorporarse también requiere consenso.
Por esa razón, la oposición británica podría detener el proceso en su primera etapa o impedir una aprobación posterior, aun cuando los demás miembros acompañaran la postulación argentina.
Hasta ahora, el Reino Unido fue el único país que completó el proceso de incorporación al bloque desde su creación. Costa Rica concluyó las negociaciones para un instrumento de adhesión en mayo, mientras Uruguay avanza en conversaciones formales con los miembros del acuerdo. En junio de 2026, la Comisión del CPTPP también lanzó discusiones preparatorias de adhesión con Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. Además, China, Taiwán, Ucrania, Camboya y Ecuador mantienen solicitudes pendientes.
Uruguay solicitó su adhesión al CPTPP en diciembre de 2022, casi cuatro años antes que la Argentina. En noviembre de 2025, la Comisión del tratado decidió por consenso abrir formalmente el proceso de negociación con Montevideo y conformó un Grupo de Trabajo presidido por Chile.
La decisión de la Argentina y Uruguay de negociar por separado su ingreso al CPTPP generó tensiones dentro del Mercosur. En una reunión del Consejo del Mercado Común celebrada en Asunción tras la solicitud argentina, Brasil cuestionó que las iniciativas individuales perforen el Arancel Externo Común y se aparten de la regla de negociación conjunta con terceros países que rige en el Mercosur. Un cambio de color político en la segunda vuelta electoral, y un triunfo de Flávio Bolsonaro, podría implicar un cambio en esta postura.
La eventual exclusión del CPTPP no implicaría que la Argentina deje de comerciar con esos 12 mercados ni que pierda los acuerdos bilaterales o regionales que ya tiene vigentes con algunos de ellos. Pero sí la dejaría afuera de un marco común de preferencias comerciales, reglas de inversión y acceso a servicios que abarca a economías de Asia, América del Norte, Oceanía y América Latina.
En materia de bienes, el tratado contempla rebajas o eliminación de aranceles para gran parte del intercambio entre sus miembros. El alcance preciso depende de cada producto y de las listas negociadas por cada país, pero la adhesión permitiría que los exportadores argentinos accedieran a preferencias arancelarias de manera más amplia y previsible en mercados como Japón, Canadá, Vietnam, Malasia, Singapur y Nueva Zelanda.
Sin la adhesión, las empresas argentinas no accederían a la acumulación de origen prevista por el CPTPP ni al tratamiento preferencial asociado a ese mecanismo. El impacto sería sensible para sectores que buscan ampliar ventas de alimentos, carne, granos, vinos, productos agroindustriales, minerales, energía y servicios basados en conocimiento. La Cancillería argentina informó que las exportaciones al bloque alcanzaron USD 16.329 millones en 2025, con un superávit de USD 8.930 millones.
El CPTPP no se limita al comercio de bienes. Sus capítulos incluyen disciplinas sobre comercio transfronterizo de servicios, inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, propiedad intelectual, compras estatales, normas sanitarias y fitosanitarias, facilitación aduanera y solución de controversias.
Una adhesión permitiría a firmas argentinas aspirar a condiciones de acceso acordadas para determinados servicios y participar bajo reglas comunes en licitaciones públicas de otros integrantes, de acuerdo con los compromisos que cada país haya asumido. También ofrecería un marco de mayor previsibilidad para inversiones argentinas en los mercados miembros y para inversiones de esos países en la Argentina.
El bloque contiene normas sobre transferencias de datos, comercio digital y restricciones a la exigencia de localizar servidores. También prevé procedimientos aduaneros y reglas técnicas que buscan reducir demoras y costos de cumplimiento para las empresas.
Sin el acuerdo, las compañías argentinas continuarían sujetas a los aranceles y requisitos que cada mercado aplique a los socios sin preferencias CPTPP, salvo los beneficios que surjan de acuerdos preexistentes.
La amenaza sobre el CPTPP no es la única herramienta que baraja el Reino Unido. El Gobierno británico anunció que prepara legislación secundaria bajo la Ley de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests Act), una norma de 1980 diseñada para proteger a personas y empresas británicas frente a leyes extranjeras con alcance extraterritorial. La intención es que las medidas entren en vigor antes de que termine 2026.
En la práctica, la ley permitiría a las compañías vinculadas al proyecto Sea Lion negarse a cumplir eventuales sanciones argentinas y reclamar compensación si resultan perjudicadas. Jonathan Reynolds, secretario de Negocios y Comercio, afirmó que "este Gobierno actuará donde la Argentina busque impedir actividad comercial británica legítima". El canciller Ed Miliband calificó de "inaceptables" los intentos de Buenos Aires de "intimidar a empresas e individuos involucrados en actividad comercial legítima".
