La inflación general acumuló una suba de 23,6% en los primeros 9 meses del año, pero los gastos vinculados a los servicios públicos y hogareños avanzaron a un ritmo mayor. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos aumentó 46,3% en los primeros nueve meses de 2026, casi el doble que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec. La diferencia de velocidades presiona sobre el ingreso disponible de los hogares, que cada vez usan una porción mayor de los ingresos en gastos fijos.
La diferencia condensa una de las tensiones centrales del programa económico de Javier Milei. El Gobierno recibió en diciembre de 2023 un esquema de tarifas con subsidios elevados y precios relativos distorsionados. La reducción de esas transferencias y el traslado de una mayor proporción de los costos hacia los usuarios forman parte del plan de ordenamiento fiscal, pero su efecto se expresa en aumentos que todavía superan a la inflación promedio.
La canasta elaborada por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, incluye electricidad, gas natural, agua potable y transporte público para un hogar tipo del AMBA sin subsidios. En septiembre, ese conjunto de gastos llegó a $ 268.405 mensuales, equivalente al 14,6% de un salario promedio registrado estimado por el organismo.
Los datos nacionales del Indec muestran la misma tendencia, aunque con una cobertura más amplia. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba de 35,6% hasta septiembre, 12 puntos porcentuales por encima del 23,6% que registró el IPC general.
En la comparación interanual, esa división aumentó 49,1%, frente a una inflación de 33,4%. La brecha fue de 15,7 puntos. En septiembre, además, Vivienda tuvo el mayor aumento entre las divisiones del índice, con una variación de 3,1%, por encima del 1,9% del nivel general.
La categoría de precios regulados también corrió por encima del promedio: avanzó 31,5% en los primeros nueve meses del año y 43,3% en doce meses. En ambos casos, superó el ritmo del índice general.
Sin embargo, ninguno de esos indicadores equivale en forma exacta a una medición de tarifas. La división Vivienda incorpora alquileres, expensas, mantenimiento y reparaciones, además de gas, electricidad y agua. Regulados, por su parte, también reúne precios de prepagas, transporte, educación formal, telefonía, correo, combustibles y cigarrillos.
La medición del IIEP permite aislar con mayor precisión el gasto de los hogares en servicios públicos. Entre diciembre y septiembre, la canasta del AMBA subió 46,3%, contra el 23,6% del IPC. La diferencia fue de 22,7 puntos porcentuales, o dicho de otro modo, el aumento de esos gastos resultó 96% superior a la inflación general.
La distancia se mantuvo en la comparación interanual. La canasta subió 55% frente al 33,4% del IPC, una brecha de 21,6 puntos. El indicador está construido para un hogar sin subsidios, por lo que no puede extenderse de manera automática al conjunto de la población, aunque expone el impacto de la recomposición sobre quienes pagan tarifas plenas.
El transporte fue el principal motor de ese encarecimiento. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba de 52,3% y, en doce meses, aumentó 70%. Según el informe, explicó 30 de los 55 puntos del incremento interanual de toda la canasta.
El agua acumuló un avance de 31,3% en el año; la electricidad, de 11,1%; y el gas natural, de 114,9%. La trayectoria de este último rubro está atravesada por la estacionalidad del consumo y por los cambios en los cuadros tarifarios y las bonificaciones.
La canasta de servicios públicos del AMBA bajó 7,3% en septiembre frente a agosto. Ese dato, sin embargo, no implicó una reducción de las tarifas. El descenso respondió principalmente a una menor demanda de gas y electricidad luego de los meses de invierno.
Durante septiembre, el cargo fijo del gas aumentó 1,9% y el componente variable subió 1%. En electricidad, el cargo fijo avanzó 1,7%, mientras que el componente variable para usuarios sin subsidio bajó 0,8%. A la vez, el gasto en transporte aumentó 2,4% y el componente variable del agua registró un alza de 2,4%.
La caída del consumo energético fue suficiente para reducir el valor final de las facturas de gas y electricidad, pese a los ajustes en los cuadros tarifarios. Por eso, la evolución mensual de la canasta puede diferir de la dinámica de las tarifas: mide gasto efectivo y combina precios con cantidades consumidas.
El nivel de subsidios todavía muestra que el proceso no terminó. Según el IIEP, los hogares del AMBA cubren en promedio el 54% de los costos de la canasta de servicios públicos y el Estado absorbe el 46% restante. La proporción cambia según el rubro: el agua tiene una cobertura de 100%, mientras que la electricidad llega a 58%, el gas a 57% y el transporte a 35%.
Esa última diferencia ayuda a explicar el peso del transporte en el alza de la canasta. También anticipa que la trayectoria de los precios administrados puede seguir separada de la inflación general si continúa la reducción de subsidios.
El análisis del IIEP sobre el proyecto de Presupuesto 2027 señala que el objetivo oficial es llevar la cobertura promedio del costo de abastecimiento por encima de 88% el próximo año. Las transferencias destinadas a energía y transporte pasarían de 0,64% del Producto Interno Bruto en 2026 a 0,53% en 2027.
La recomposición no avanza de igual forma en todos los servicios, provincias ni segmentos de ingresos. Pero los datos de inflación y de gasto efectivo coinciden en un punto: mientras persista el ajuste de subsidios, los servicios públicos seguirán con margen para crecer por encima del nivel general de precios.
