El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigió este miércoles al Gobierno que presente en las próximas semanas respuestas "concretas" y "claras" a las demandas de los estudiantes que desde finales de septiembre mantienen bloqueados centros educativos en todo el país. El mandatario reconoció que los reclamos juveniles son "legítimos", pero denunció que están siendo "explotados políticamente" y "transformados en violencia urbana".
La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, trasladó el pedido tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, un día después de que una ola de manifestaciones en apoyo a los estudiantes recorriera Francia. "El presidente de la República insistió en que los jóvenes expresan legítimamente sus preocupaciones y en que estas están siendo explotadas políticamente y transformadas en violencia urbana, con escenas inaceptables desde todos los puntos de vista", señaló Bregeon.
Las protestas del martes en París, Lyon y otras ciudades del país reunieron a 161.500 personas según el Ministerio del Interior, mientras que los sindicatos estudiantiles que convocaron las marchas elevaron la cifra a 480.000 manifestantes. La discrepancia entre ambos balances es habitual en las grandes movilizaciones francesas, pero refleja la magnitud de un movimiento que lleva tres semanas activo.
Los líderes estudiantiles reclaman una inversión adicional de 10.000 millones de euros para el sector educativo en los presupuestos de 2027 y advierten que no cederán en esa exigencia. Durante las marchas del martes se registraron incidentes violentos en los márgenes de las concentraciones en París y Lyon, donde la policía respondió con gases lacrimógenos.
Las protestas estudiantiles comenzaron a finales de septiembre en Francia por reclamos de mayor inversión educativa y derivaron en tres semanas de bloqueos escolares, enfrentamientos con la policía y casi 8.000 detenciones. El presidente Macron calificó las demandas de legítimas, pero acusó a sectores de la izquierda de instrumentalizar el movimiento con fines electorales de cara a los comicios presidenciales de 2027.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, respaldó la línea presidencial durante la sesión de control al Gobierno en el Senado y apuntó directamente contra La Francia Insumisa (LFI), la fuerza izquierdista liderada por Jean-Luc Mélenchon. "Han avivado las llamas, luego fingen condenar la violencia, e incluso ahora se les ha olvidado hacerlo. Esta hipocresía perjudica a Francia", afirmó el jefe de Gobierno.
Mélenchon, candidato presidencial de LFI, participó personalmente en una de las marchas convocadas en París, un gesto que el Ejecutivo interpretó como prueba de la instrumentalización política del malestar estudiantil. En el otro extremo del espectro, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), que lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales previstas para abril y mayo del próximo año, expresó su respaldo a los agentes desplegados y responsabilizó a los estudiantes por los episodios de violencia.
Bregeon remarcó la necesidad de separar dos planos distintos del conflicto. "Hay que distinguir, por una parte, las reivindicaciones legítimas y, por otra, las violencias inadmisibles, que son objeto de instrumentalización y se transforman en violencia urbana, con enfrentamientos con las fuerzas del orden y personal de la Educación Nacional como objetivo. Esto debe ser condenado unánimemente", insistió la portavoz.
El Ministerio de Justicia contabilizó 7.950 personas detenidas desde el inicio del movimiento estudiantil, de las cuales 6.773 son menores de edad, y precisó que 26 de ellas ingresaron en prisión preventiva. Lecornu detalló además un balance de heridos que incluye a 148 trabajadores del sistema educativo, 937 policías y 248 estudiantes, algunos de ellos en estado grave.
El sindicato policial Alliance anunció que presentará una denuncia contra el Estado por poner en peligro la vida de los agentes, al señalar las "órdenes contradictorias" que reciben los efectivos desplegados. Según el sindicato, los policías se sienten "expuestos a la violencia y abandonados a merced de la hostilidad pública" en el marco de estas protestas.
Entre los episodios más graves figura el de un estudiante de 15 años identificado como Evan, que perdió la mano izquierda y varios dedos de la derecha tras la explosión de una granada aturdidora policial el 5 de octubre en la ciudad de Lens. Uno de los abogados de la familia, Bertrand Wattez, rechazó la versión policial trasladada por los fiscales, según la cual el joven habría intentado recoger el artefacto, y afirmó que Evan tampoco participaba en las protestas estudiantiles en su ciudad.
A ese caso se suma el de un estudiante de 16 años que perdió la visión de un ojo durante una protesta celebrada el 30 de septiembre frente a su colegio en la ciudad occidental de Tours, un episodio que su familia atribuyó a la actuación policial. El fiscal de Tours confirmó que el agente involucrado fue imputado por el delito de lesiones agravadas. La policía abrió además investigaciones internas sobre 36 denuncias de violencia de agentes contra manifestantes, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.
Entre las prioridades fijadas por Macron, Bregeon mencionó la mejora de las instalaciones escolares, la revisión de los horarios y el refuerzo de la orientación académica, además de los esfuerzos para cubrir las ausencias docentes. El ministro de Educación, Édouard Geffray, informó que se prevé asignar 3.000 profesores a puestos de sustitución en los próximos días, de los cuales 2.000 ya se habían incorporado al cierre del Consejo de Ministros.
Geffray, que se reunirá este jueves con las asociaciones estudiantiles, señaló en la televisión BFMTV que alrededor del 4% de los 3.700 institutos del país permanecían cerrados. El Gobierno espera que las vacaciones escolares, que comienzan el sábado y se extienden hasta principios de noviembre, contribuyan a reducir la movilización.
Sin embargo, los líderes estudiantiles más activos sostienen que mantendrán la presión y llaman a sumarse el próximo sábado a nuevas movilizaciones convocadas en redes sociales contra el costo de la vida, en las que se promueve el regreso de los 'chalecos amarillos', el movimiento que protagonizó las protestas de 2018 en Francia.
