Mientras el empleo registrado pierde terreno y los presupuestos familiares se ajustan, la cobertura médica se volvió otro indicador de la presión que atraviesan los hogares argentinos. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran que crece la cantidad de jóvenes que se quedan sin obra social o prepaga, una tendencia que alcanza con especial intensidad a los sectores medios. "Hay cada vez más gente sin una cobertura".
El diagnóstico fue planteado por la analista María Migliore, quien tomó como referencia la EPH, el relevamiento que consulta a cada persona si cuenta con algún tipo de cobertura de salud. La medición incluye tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga y permite seguir su evolución entre distintos grupos de edad e ingresos. "Estos datos son de la Encuesta Permanente de Hogares", explicó en Infobae A las Nueve.
Para la analista, el dato excede la discusión sobre los niveles de pobreza, porque da cuenta de transformaciones en las condiciones cotidianas de vida. La pérdida de cobertura, sostuvo, aparece entre las consecuencias de un deterioro que también atraviesa al trabajo y a los ingresos. "Cómo se va deteriorando, qué está cambiando en la calidad de vida", afirmó.
El aumento de personas sin cobertura de salud se verifica en el conjunto de la población, pero la variación es más marcada entre quienes tienen entre 18 y 29 años. Migliore advirtió que, dentro de ese tramo etario, la caída se volvió más visible que en otros grupos. "El grupo donde más eso se acentúa es en los jóvenes de dieciocho años".
La tendencia no quedó limitada a un único nivel socioeconómico. Al ordenar los datos por ingresos, la analista señaló que el retroceso aparece en los distintos estratos, aunque con una intensidad desigual. "En todos sube levemente", dijo al referirse a la proporción de personas que dejan de tener cobertura.
El mayor descenso proporcional se concentra entre los jóvenes de hogares medios, un sector que partía de niveles de afiliación más altos y que ahora enfrenta mayores dificultades para sostenerlos. "Quienes más están dejando de tener cobertura son de los estratos medios", indicó Migliore.
Al mirar exclusivamente a la población de 18 a 29 años y separarla por nivel de ingreso, el resultado se repite. La analista remarcó que allí se observa con mayor claridad el vínculo entre la situación económica y el acceso a una obra social. "Los jóvenes de 18 a 29 del sector medio son los que más pierden cobertura de obra social", sostuvo.
Esa pérdida puede asumir formas distintas. En algunos casos supone dejar de pagar una prepaga; en otros, la interrupción del empleo formal corta el acceso automático a una obra social. "Cobertura de salud cumple las dos cosas", aclaró la analista al explicar el alcance del indicador.
La relación entre el mercado laboral y la cobertura médica es directa: los aportes derivados de un empleo registrado financian el sistema de obras sociales y habilitan la afiliación del trabajador. Por eso, Migliore vinculó el descenso registrado entre los jóvenes con el avance de la informalidad. "Se pierde trabajo formal, que es el que está atado a las obras sociales".
En el esquema argentino, quienes trabajan en blanco destinan de manera automática parte de sus aportes a una obra social. Ese mecanismo convive con el sistema público y con las prepagas, que pueden recibir aportes o ser abonadas en forma particular. "Cuando vos tenés un trabajo en blanco se deriva de manera automática", explicó María Migliore.
La informalidad deja por fuera de esa protección a quienes no tienen un vínculo laboral registrado, y el impacto es más fuerte entre las personas jóvenes. Ese segmento suele ingresar al mercado de trabajo con empleos de menor estabilidad o sin aportes previsionales y sanitarios. "El segmento más golpeado en la informalidad es el de los jóvenes", señaló.
La presión sobre la cobertura tampoco alcanza solo a quienes trabajan. Muchos jóvenes permanecen en los planes médicos de sus padres hasta los 25 años, por lo que la capacidad de pago del hogar se vuelve decisiva para conservarlos. "Una es el ingreso de los padres", planteó la analista entre los factores que explican el fenómeno.
Según Migliore, las dificultades económicas se extienden a ambos lados de ese vínculo: afectan al joven que intenta mantener su afiliación y a las familias que sostienen un plan. La situación puede no traducirse de inmediato en una baja, pero vuelve más difícil afrontar las cuotas. "La podés seguir pagando, pero evidentemente está siendo más difícil", sostuvo.
El descenso de la cobertura expone, además, problemas previos de un sistema que reúne prestadores estatales, obras sociales y empresas privadas.
Migliore describió una estructura con reglas y financiamientos diferentes, que se superponen según el lugar y el tipo de atención requerida. "Tenés los tres subsistemas", resumió.
La red pública también está repartida entre la Nación, las provincias y los municipios, con responsabilidades que varían de un territorio a otro. Para la analista, esa división complejiza la coordinación de recursos, prestaciones y derivaciones. "Es caótico", definió Migliore al describir ese entramado.
En algunos distritos, los gobiernos locales concentran su tarea en centros de atención primaria; en otros, gestionan hospitales capaces de resolver prestaciones de mayor complejidad. La organización no es uniforme y se modifica incluso dentro del conurbano bonaerense. "Distintas maneras de organizarlo", expresó sobre esas diferencias.
La falta de articulación se advierte también cuando una persona con obra social recurre a un hospital público. Allí se abre la discusión sobre quién asume el costo de la consulta, una práctica o una internación y sobre los mecanismos de recupero de esos fondos.
Tener una obra social, a su vez, no garantiza el acceso efectivo a las prestaciones. La analista señaló que hay afiliados que conservan formalmente su cobertura, aunque encuentran obstáculos al buscar tratamientos, medicamentos o turnos. "Hay mucha gente que tiene obra social, pero para muchos tratamientos no puede acceder", afirmó.
La EPH permite saber si una persona declara tener obra social o prepaga, pero no mide todas las barreras que enfrenta al momento de usarla. Por eso, la brecha entre afiliación formal y atención real puede ser mayor que la que reflejan los números. "Hay un subregistro también", advirtió Migliore.
Entre esas dificultades aparecen las demoras para conseguir consultas, las trabas en las autorizaciones y la falta de acceso a medicamentos. Son situaciones que no necesariamente implican una baja de la afiliación, pero condicionan el uso de la cobertura ya existente. "No me habilitan el medicamento", citó la analista como uno de los reclamos habituales.
Cuando las obras sociales y las prepagas no dan respuesta, la demanda se traslada al sistema público. Migliore sostuvo que esa dinámica incrementa la carga sobre hospitales y centros estatales, que atienden a personas sin cobertura y también a quienes no logran utilizar la que tienen. "También lo estás colapsando", afirmó.
Las diferencias entre provincias agregan otro nivel de desigualdad. Algunas jurisdicciones cuentan con mejores herramientas para recuperar los pagos de las obras sociales por las prestaciones brindadas, mientras que otras afrontan más restricciones. "Hay algunos a los que les podés cobrar y a otros a los que no", explicó.
Frente a ese panorama, Migliore planteó que el debate debería abarcar el conjunto de la seguridad social, desde las reglas previsionales hasta la cobertura de salud durante la vida laboral. A su juicio, el marco vigente responde a una estructura del empleo y de las familias que cambió en las últimas décadas.
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