El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, programó para el próximo 14 de octubre la votación de una reforma constitucional que reduciría la jornada laboral semanal a 40 horas y garantizaría dos días de descanso remunerado, sin recorte salarial.
La propuesta elimina el régimen de seis días de trabajo por uno de descanso. La Cámara de Diputados la aprobó en mayo y la remitió al Senado en septiembre. El proyecto prevé una transición de 14 meses. A los 60 días de su promulgación, el límite semanal bajaría de 44 a 42 horas. Doce meses después, la jornada máxima quedaría fijada en 40 horas semanales.
La iniciativa necesita el apoyo de al menos tres quintos de los senadores, equivalentes a 49 de los 81 integrantes de la Cámara, en dos votaciones separadas. El Partido de los Trabajadores, al que pertenece el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reúne firmas para activar un trámite de urgencia que acelere la segunda votación.
En contraposición a los deseos del actual mandatario, sectores opositores buscan que el debate quede para después del período electoral. Medios brasileños indicaron que los aliados del Gobierno aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la enmienda.
Alcolumbre recibió críticas de la oposición por incluir el proyecto en la agenda a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial. El senador sostuvo que cumple su compromiso de tratar la medida "con responsabilidad, diálogo y respeto por las normas de procedimiento", aunque señaló que la votación probablemente se realizará después de las elecciones.
Cabe recordar que las plataformas de apuestas deportivas y los casinos en línea dejaron de operar el pasado martes en Brasil, once días después de que Lula da Silva dispusiera la prohibición por los efectos sobre la salud pública y el endeudamiento de las familias. El veto también alcanzó a toda la publicidad del sector. La decisión afectó a los clubes de fútbol, que desde 2018 incorporaron a las casas de apuestas entre sus principales fuentes de patrocinio.
El mandatario anunció la medida el 25 de septiembre, a nueve días de las elecciones primarias, y calificó a las apuestas como "un cáncer". El decreto provisional entró en vigor ese mismo día, aunque el Gobierno otorgó plazo hasta el 6 de octubre para el retiro total de las empresas. La norma deberá recibir la aprobación del Congreso en un máximo de 120 días para continuar vigente.
El candidato opositor Flávio Bolsonaro acusó a Lula de impulsar una "estafa electoral" por anunciar la prohibición a pocos días de los comicios y lo responsabilizó por la expansión de las apuestas por internet. Además, cuestionó que el Gobierno aplicara la medida por decreto provisional.
El mismo día del anuncio, las autoridades eliminaron 506 sitios web por ofrecer apuestas deportivas de manera irregular. Para el 29 de septiembre, el Ejecutivo informó que solicitó el bloqueo de 5.209 páginas ilegales y más de 2.000 perfiles en redes sociales.
Las empresas presentaron un recurso ante la Corte Suprema tres días después de la decisión presidencial. Argumentaron que el veto generaría "efectos irreversibles" y que "frustra los derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas reguladoras del Estado", a partir de la ley de 2023 que otorgó permisos al sector.
La prohibición dejó sin patrocinio a buena parte del fútbol profesional de Brasil. Al menos 13 de los 20 equipos de la primera división mantenían contratos con casas de apuestas, por un valor conjunto estimado de 1.000 millones de reales anuales, unos USD 200 millones. Las compañías del rubro figuraban en las camisetas de la mayoría de los clubes, patrocinaban torneos, estadios y transmisiones televisivas. El Flamengo advirtió que la medida "afecta en lleno" al fútbol profesional, las divisiones de base, el fútbol femenino y los deportes olímpicos.
(Con información de EFE y Europa Press)
