El avance del comercio ilegal y las irregularidades en el ingreso de mercadería importada volvió a ocupar esta semana un lugar central en la agenda de los empresarios industriales. Esta vez, los reclamos llegaron directamente a las autoridades de la Aduana, que visitaron la sede de la UIA para escuchar de primera mano cómo el contrabando y la subfacturación de importaciones está afectando cada vez a más sectores, en un contexto de fuerte caída de la demanda.
Una reciente encuesta realizada por la institución reflejó el problema y mostró que 6 de cada 10 empresas considera alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad. Las autoridades reconocieron las limitaciones en materia de infraestructura que existen para realizar los controles, pero a la vez explicaron las medidas que están desarrollando para mejorar la fiscalización. Entre ellas, se destaca un nuevo sistema que utilizará inteligencia artificial para detectar posibles maniobras de subfacturación, a partir del análisis de precios, cantidades y referencias internacionales.
El tema se abordó el martes pasado durante una reunión del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el director general de Aduanas, Andrés Velis, quien asistió acompañado por María Eugenia Rodríguez Campos, directora adjunta del organismo, y Samanta Franco, subdirectora de Control Aduanero. Los industriales llevaron sus preocupaciones por el crecimiento del comercio ilegal y buscaron conocer qué herramientas prepara el organismo para enfrentar una problemática que afecta especialmente a determinados sectores productivos.
Según explicaron a Infobae fuentes de la UIA que participaron del encuentro, uno de los principales asuntos fue la subfacturación de importaciones, una práctica que consiste en declarar valores inferiores a los reales para reducir el pago de tributos. Los empresarios advirtieron que, desde la eliminación de los valores de referencia, detectan situaciones que generan preocupación por sus efectos sobre la competencia con la producción nacional.
Frente a ese planteo, las autoridades aduaneras explicaron que trabajan en el desarrollo de una herramienta tecnológica destinada a identificar operaciones con precios que se aparten de los valores internacionales. El proyecto contempla un acuerdo con Microsoft para utilizar infraestructura en la nube y procesar información vinculada con los volúmenes y los precios de las mercaderías que ingresan al país.
El mecanismo permitiría cruzar las cantidades importadas con los valores declarados y compararlos con referencias internacionales, con el objetivo de detectar posibles irregularidades de manera sistemática. Actualmente, según explicaron los empresarios, los controles no funcionan bajo esa modalidad. "Nos dijeron que el desarrollo está avanzando. En breve debería estar implementado", señaló una fuente de la entidad fabril. Sin embargo, durante el encuentro no se precisó una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento. En la Secretaría de Comercio hablan de "fin de año".
Para los industriales, la herramienta podría contribuir a resolver uno de los principales problemas que identifican en el comercio exterior. La subfacturación no sólo altera las condiciones de competencia, sino que también implica una posible evasión de impuestos, al reducir artificialmente el valor sobre el cual se calculan los tributos correspondientes.
El otro gran eje del encuentro fue el contrabando, una problemática que, según señalaron los empresarios, requiere medidas que exceden el control de los precios declarados en las operaciones de importación.
En este punto, las autoridades de Aduana reconocieron dificultades vinculadas con la infraestructura, el equipamiento y la tecnología disponible para fiscalizar el ingreso de mercadería. Según relataron fuentes industriales, Velis explicó las limitaciones que enfrenta el organismo y mencionó un posible préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de las necesidades de infraestructura.
Los empresarios plantearon la necesidad de reforzar los controles en los pasos fronterizos, ampliar la cobertura horaria de las aduanas e incorporar escáneres y otros equipos que permitan mejorar la detección de mercadería irregular. También propusieron avanzar en mecanismos de declaración electrónica anticipada, controles basados en perfiles de riesgo y auditorías posteriores a las operaciones. Otro punto fue la posibilidad de contar con veedores sectoriales que aporten conocimientos técnicos sobre determinados productos, sus características, valores y países de origen.
Durante la reunión se habló, además, de la capacitación de los agentes que participan en los controles fronterizos, incluidos los efectivos de Gendarmería. Según explicaron los empresarios, no siempre cuentan con los conocimientos específicos necesarios para identificar determinados productos que ingresan de manera irregular.
La comercialización de productos irregulares a través de internet ocupó parte de la conversación. Según relataron fuentes de la UIA, las autoridades aduaneras explicaron que avanzaron en acuerdos con Meta y Mercado Libre para facilitar las denuncias de publicaciones vinculadas con mercadería ilegal y permitir que sean retiradas de las plataformas.
Los industriales valoraron esa iniciativa, aunque advirtieron que el mecanismo presenta limitaciones. Una de ellas es que, después de la eliminación de una publicación, el mismo producto puede volver a ofrecerse desde otra cuenta.
Otro punto que generó preocupación fue el destino de la mercadería decomisada por las autoridades. Los empresarios plantearon que algunos productos secuestrados vuelven al circuito comercial mediante subastas, una situación que consideran necesario revisar.
Una fuente industrial mencionó específicamente casos de subastas de cerveza. A partir de esa situación, la UIA propuso revisar los protocolos de verificación, subasta, destrucción y disposición final de los productos incautados.
Los planteos realizados durante la reunión se apoyaron en los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios de la UIA, que los empresarios presentaron a las autoridades aduaneras.
El relevamiento de septiembre, realizado entre 628 empresas, mostró que el 59,7% considera alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad.
La incidencia resulta especialmente elevada en algunos sectores industriales. Entre las empresas textiles, el 84,6% identificó un impacto alto o muy alto, mientras que en confecciones, cuero y calzado la proporción alcanzó el 76,2%. En metales comunes llegó al 88,2%.
Entre las principales consecuencias aparecen la caída de las ventas, la presión para reducir precios y la pérdida de rentabilidad. La encuesta también identificó a los canales mayoristas y de distribución, los comercios minoristas y las plataformas digitales entre las vías de comercialización de productos presuntamente irregulares.
El informe, cuyos resultados ya se conocían antes de la reunión, mostró además que el 33,2% de las empresas reclamó fortalecer los controles aduaneros, mientras que otras señalaron la necesidad de mejorar la fiscalización de la facturación y del comercio electrónico.
Según fuentes de la UIA, Velis planteó la posibilidad de establecer un canal de diálogo directo con los empresarios para agilizar el intercambio de información y mejorar la coordinación de las acciones. Los representantes industriales también solicitaron reuniones técnicas específicas para conocer los avances de las herramientas de control y aportar información sobre productos, valores y operaciones que consideran de mayor riesgo.
